El pasado domingo 10 de diciembre, se cumplieron 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos, y sin lugar a dudas podemos afirmar que en Venezuela no se puede celebrar este importante acontecimiento, perdió su brillo, por cuanto estamos viviendo el momento más oscuro en la defensa de estos Derechos.
Lo más importante de esta fecha aniversaria es precisamente la vigencia de esta Declaración, donde la Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió hace 75 años hacer sentir la voz de las víctimas y familiares de quienes habían sufrido por parte de las autoridades de sus respectivos países o estados, abusos, vejaciones, persecuciones, prisión, torturas y muertes, por el solo hecho de hacer valer sus derechos civiles y políticos; pero en esta Declaración la ONU fue mucho más allá de estos reclamos y denuncias, pues además se propuso defender derechos educativos y culturales, ambientales, de salud, de alimentación, al trabajo, salarios justos, y en general, a una vida digna. Esta Carta contempla treinta y dos derechos, con una concepción profundamente humana, y elaborada con la perspectiva de tener un mundo más justo, equilibrado y más adecuado para vivir en paz.
Como señalamos anteriormente, en Venezuela no hay celebración alguna, sino por el contrario al espíritu humano de la Defensa de los Derechos Humanos, estamos observando, presenciando, sufriendo y soportando persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, desapariciones forzadas y muertes.
En flagrante violación al artículo 48 de la Constitución de la República, aquí las personas son detenidas arbitrariamente y nada se sabe de la suerte que corren tras ser detenidos y sometidos por autoridades policiales y militares; tal es el caso del Presidente de la Organización Civil SUMATE, Roberto Abdul Hady, que hace pocos días fue detenido por el SEBIN, pero además existen órdenes de detención en contra del ingeniero Henry Alviárez, coordinador nacional de la organización política Vente Venezuela, el politólogo Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del mismo movimiento político y Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de la candidata presidencial María Corina Machado.
En Venezuela, quienes tiene el control o poder del Estado, han venido aniquilando los Derechos Humanos; basta como prueba de ello, es que al hacer un balance de este año, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el derecho a la alimentación y, por la tanto, a una vida digna. Hay un absoluto empobrecimiento del pueblo, por cuanto el Estado no le da prioridad al derecho de un estado de vida y bienestar para la población. Pero lo más deprimente, lamentable y por demás preocupante, es que el Estado se ha convertido en una máquina o fábrica de pobres, tal como lo ponen en evidencia todos los estudios y encuestas, primordialmente el Informe Encovi realizado por Universidades de reconocida jerarquía, como la UCV y UCAB, cuyos estudios de campo determinan que el 80 por ciento de los venezolanos no hacen las tres comidas diarias. La deserción escolar se ha incrementado, en virtud de que los niños y jóvenes no tiene que llevar para comer a sus centros educativos. Igualmente, la inflación que se ha venido registrando en el país es indetenible, y el dólar paralelo, aliado del dólar oficial, han hecho que la canasta básica, cuyo costo hoy está por el orden de los 525 dólares al último mes, que no se compara con el salario mínimo y asignación para trabajadores y pensionados o jubilados, de apenas 130 bolívares (menos de cuatro dólares). Todo esto constituye la vulneración al derecho a la alimentación y, naturalmente, a la calidad de vida.
Al lado de esta aniquilación de derechos, tenemos el de los derecho civiles y políticos. El más sagrado es el derecho al ejercicio del voto directo y secreto. La soberanía popular se expresa en el voto para elegir y al mismo tiempo evitar conflictos, y el Estado venezolano, no ha hecho otra cosa que vulnerar todos los derechos de los ciudadanos, y muestra de ello es que cuando se hace un acto cívico de naturaleza privada, como el de las elecciones de las Primarias, lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia, a través de hechos infundados, toma decisiones arbitrarias y de un plumazo elimina el proceso de esa Primaria, lo que significa claramente la invalidación de un acto propio de la ciudadanía. De esta manera el TSJ se convierte en un verdugo para los derechos políticos de los venezolanos, que es lo fundamental o esencial para que exista democracia.
Estamos viendo la indetenible persecución contra la disidencia, luego de haberse hecho un Referendo Consultivo para algo que todos sabemos, que la soberanía no se consulta, sino que se ejerce, y hay una situación que tiene que ver con la Corte Internacional de Justicia y lo más indicado es convocar a los mejores juristas y consultar la opinión de las Academias en cuanto a la reclamación histórica del territorio Esequibo, pero a través de las vías correctas, como lo son la diplomacia, la resolución de conflictos, que es la negociación, la mediación. Y por supuesto, defender nuestros derechos en dicha Corte.
Frente a declaraciones de la disidencia, en cuanto al tratamiento de este importante tema, la justicia penal ha reaccionado expidiendo órdenes de captura sin acatamiento al debido proceso, y lo más grave es que la defensa y los familiares han denunciado que no se sabe el paradero de esas personas detenidas. Esto es un hecho sumamente grave, por cuanto además de producirse una detención arbitraria, se ha cometido una desaparición forzosa de persona, ya que cuando pasan uno, dos o tres días sin saberse el paradero del detenido, el Estado debe informar la situación en que se encuentra el ciudadano que tiene bajo su control.
Estas detenciones y desapariciones se convierten claramente en delitos de lesa humanidad. El Estado además de tener más de 288 presos políticos, trata de ocultar sus delitos. Ha pintado fachadas y siguen torturando a las personas que detiene. Tal es el caso de estudiante de la UCV Jhon Álvarez, a quien el médico forense determino que había sufrido graves daños en su visión, sin embargo, en el expediente, no aparece la responsabilidad de quienes le ocasionaron los daños.
La ciudadanía tiene una profunda preocupación por la falta de justicia y sobre todo con los derechos de los ciudadanos, que hoy en día se encuentran en estado de indefensión y no tiene una instancia donde acudir. Es por esta razón que la Corte Penal Internacional sigue un proceso por los delitos.
Al referirnos a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, nos estamos refiriendo a algo muy sagrado, por cuanto los periodistas le están informando al pueblo en forma veraz y oportuna de un derecho fundamental. Pero en Venezuela la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se encuentran muy limitados, han ido desapareciendo la mayoría de los medios de comunicación social impresos y se bloquean los digitales; algunos medios radiales están asediados por mediadas arbitrarias de Conatel, y sin ningún derecho a la defensa son cerradas o clausuradas emisoras radiales.
Es por tal razón, que además de los delitos de lesa humanidad, estamos frente a un oscurecimiento en la defensa de los Derechos Humanos. ´
Por otra parte, cuando se denuncia la falta y la deficiencia de los servicios básicos, también se está reclamando los servicios fundamentales. El agua y la energía eléctrica no solo afecta a las personas que necesitan ese vital líquido y el fluido eléctrico para sus actividades cotidianas, sino también a los hospitales, por cuanto se colocan en riesgo los pacientes que se encuentran esperando calidad de salud y también en riesgo los equipos que funcionan en esos centros asistenciales, ya que si falla la electricidad no se pueden utilizar tomógrafos o cualquier otro aparato, es decir, se violenta el derecho a la salud.
También nos encontramos frente a una discriminación por parte del Estado, ya que éste ha implementado el carnet de la patria. Los bonos no llegan a todas las personas, aunque sus montos son muy bajos. Las bolsas de comida no contienen las proteínas necesarias que requieren las personas que las reciben. Y lo peor es que no hay justicia.
En importante entrevista realizada para el diario El Impulso, publicada el 10 de diciembre de 2023, el reconocido jurista y defensor de Derechos Humanos, Doctor Rafael Narváez, quien es una autoridad en esta materia, al ser consultado sobre lo que está haciendo la Corte Penal Internacional, expresa: “… es la única vía que nos queda. Los recursos que ha presentado el gobierno han sido desechados porque no presenta argumentos válidos. La última vez consigno treinta mil páginas cuando sabe que la Corte conoce todo lo que ha venido ocurriendo. Venezuela firmó en el 2.000 su adhesión al Estatuto de Roma y en el 2.002 la Corte inició sus funciones. Conoce los casos de Venezuela desde el 2.014. Ha habido tanta presencia de informes como de funcionarios que han venido recibiendo denuncias y realizando verificaciones e investigaciones. La Comisión Independiente y la propia Autoridad de Derechos Humanos han hecho una labor muy significativa en los casos de delitos de lesa humanidad. Y la Corte está trabajando”.
Y en cuanto a la responsabilidad de las altas autoridades en esos crímenes, el mencionado especialista y docente universitario, señala: “La Cote está llamada a investigar cuando ocurren esos horrendos crímenes y, al efecto, tiene que indagar a presidentes y jefes de gobierno en ejercicio, a componentes militares de alto rango y a funcionarios que tienen responsabilidades en casos de violación de Derechos Humanos; y al preguntarse qué ha hecho el Estado Venezolano, considera que procesar y en algunos casos, condenar a funcionarios de bajo nivel o jerarquía. Está cerrando el año sin haber hecho justicia y sin piedad, ni clemencia para aplicar una amnistía a los presos políticos, muchos de los cuales están enfermos y no reciben el tratamiento adecuado a sus males, además que se le ha violentado sus procesos porque las audiencias fueron hechas a destiempo o no se han hecho. Los 288 o más presos políticos ven mermar sus vidas y sus esperanzas porque el sistema de justicia no funciona. El gobierno no ha cumplido el acuerdo que firmó con el fiscal de la Corte, abogado Karim Khan, como el de que se estableciera un sistema de justicia autónomo e independiente con jueces titulares y no provisorios, y, por tanto, no ha mejorado una justicia con acceso justo”.
Todo lo anterior nos permite afirmar, que definitivamente el Estado venezolano aniquiló los Derechos Humanos y los Defensores de estos derechos; en el 75 aniversario de la Carta Universal, muestran y tienen profunda preocupación por la violación que se comete a diario en el país, pero aún con la esperanza que la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo con miras a aplicar la justicia que todos esperamos.
*Abogado y Profesor Universitario
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