Un total de 54 docentes dependientes del Ministerio del Popular Para la Educación –Mppe- fueron excluidos de nómina desde hace dos quincenas, según denunció el presidente de la Federación Venezolana de Maestros –FMV- y miembro de la Coalición Sindical, Ildemaro Useche, este miércoles, asegurando que la medida no es más que una retaliación política de parte del Gobierno.
A los afectados se les estaría señalando de haber participado directamente en las protestas de calle que se vivieron en la entidad a principio de año; sin embargo, ninguno de los docentes suspendidos cuenta con un expediente abierto o notificación del hecho, por lo que se estaría frente a una violación de derechos humanos.
Detalló que los docentes afectados están distribuidos por todo el estado, por lo que nada les extrañaría que en los próximos días el número de excluidos del Mppe aumentara considerablemente, pues en la entidad hay entre 12 mil y 15 mil educadores que dependen de nivel central.
Una de las zonas con mayor número de docentes afectados es Pregonero con 34 educadores destituidos; le sigue Queniquea, con 15; San José de Bolívar con tres; San Cristóbal con dos; Santa Ana con uno; al igual que Coloncito, y las quincenas suspendidas corresponden a la última de septiembre y primera de octubre de 2017.
“De acuerdo con las informaciones que hemos recibido, esto obedece a una retaliación política, la denuncia nos llegó luego de una reunión en la que estuvo presente el ciudadano gobernador del estado, Vielma Mora en el municipio Sucre, específicamente en Queniquea, dijo; expresó que docentes iban a ser objeto de suspensiones de salarios porque presumen que se encuentran incursos en las revueltas del mes de abril del año 2017, y atentaban contra instalaciones”, manifestó.
Useche recordó que esta medida está violando los convenios y leyes de la República, ya que hay un decreto de inamovilidad laboral, establecido también en la 8va contratación colectiva, que tendría que vencer el 28 diciembre de 2018 y pese a esto, fueron suspendidos los más de 50 docentes.
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“Se activó a través de la Defensoría del Pueblo, un mecanismo de protección para los trabajadores y estamos activados a través del Contencioso Administrativo, y vamos a acudir a la Inspectoría regional del Trabajo para darle protección a los colegas que están siendo amedrentados y que han sido excluidos”.
Alertó además que irán a instancias internacionales necesarias, pues están vulnerando un derecho humano, como es el del trabajo, y debe haber castigos por vulnerar el sustento de más de 54 familias.
