Hablando de historia, martes 4 de febrero hace 28 años un grupo de militares ejecutó un intento de golpe de Estado en Venezuela – denominado como Rebelión por el actual régimen – cuyo intento no logró sus objetivos. Entre los oficiales rebeldes que comandaron esa maniobra se encontraban, principalmente, cuatro tenientes coroneles del ejército: Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta: Actualmente unos muertos, otros, cada quien por su lado.
Ese evento ha transformado radicalmente la vida política venezolana, luego de haber gozado de un período de estabilidad económica y social que era notable en América Latina en las décadas de 1960 y 1970. Dicha estabilidad estaba basada en la cuantiosa entrada de divisas extranjeras producto de la venta de petróleo y en el alineamiento político con los Estados Unidos, principal socio comercial del país.
Pero la aplicación de un programa neoliberal (el llamado Gran Viraje) en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, directamente influenciado por las teorías económicas del Fondo Monetario Internacional. Este programa incluía, entre otros aspectos, la liberación de precios controlados por la anterior administración, principalmente de la gasolina, pero su aplicación inmediata no hizo sino supuestamente profundizar los problemas de la mayoría de la población.
Las consecuencias sociales no se hacen esperar: en Caracas, en 1989 se producen intensos disturbios, saqueos a gran escala, protestas y una subsecuente represión militar, conocida como el Caracazo. Además de la crisis económica, estos hechos demostraban la existencia de una latente pero muy fuerte crisis social: este fue el germen del intento golpista de 1992.
Para 1992 la situación se había complicado. Las «razones aducidas» por los militares fueron las siguientes: La gestión económica y política del presidente Pérez; Las políticas neoliberales implementadas en el país; El descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares. La subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto; La utilización de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército y de la Guardia Nacional, en la represión del Caracazo.
El deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja y de las tropas; El empleo de las Fuerzas Armadas en labores como repartición de útiles escolares, becas alimentarias, campañas de vacunación y de arborización, etc. Esas razones que dieron lugar al estallido social en aquel entones son en la actualidad mucho peores.