Katherine Molina, Elba Rovaín y María Bolívar, tres historias compartidas, tres vidas unidas por la tragedia que abatió sus hogares hace ya 23 años. La hija de Luis Molina, la hermana de Héctor Rovaín y la tía de Erasmo Bolívar son hoy las caras visibles que se enfrentan a un sistema indolente e injusto, que insiste en negar a los tres funcionarios, aún presos por los sucesos del 11 de abril de 2002, la anhelada libertad.
Para Katherine Molina, la palabra «amnistía» no es un término jurídico; es esperanza. Pero cuando la posibilidad de libertad para su padre, Luis Molina, volvió a desvanecerse recientemente, el impacto fue tremendo. «Fue una nueva caída, un golpe al corazón y a la razón, demasiado brutal para mí y mi familia», confiesa con una entereza que se quiebra por momentos.
El recorrido en estos 23 años ha estado plagado de injusticias. Hoy no pide un favor, sino un derecho: la libertad que le corresponde a su padre desde hace más de una década, cuando comenzaron a vencerse las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que el Código Orgánico Procesal Penal le otorga a Luis, Héctor y Erasmo.
La hija de Luis Molina habla desde la herida abierta de una espera que ya suma más de dos décadas. Su relato no es solo memoria, es una vida suspendida. En su casa, el tiempo se mide en ausencias.
Katherine sueña con el día en que Luis regrese a casa para disfrutar de sus cinco hijos y de un nieto que aún no conoce. Anhela verlo cruzar la puerta, no como visitante vigilado, sino en libertad plena. «Quiero armar vivencias y recuerdos bonitos, ya no detrás de una reja, sino en libertad plena».
Ese anhelo se repite en otros hogares marcados por la misma ausencia.
Un juicio injusto
Once funcionarios de la Policía Metropolitana fueron sometidos al juicio más largo de la historia. Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar fueron juzgados por dos de las 19 muertes ocurridas durante los hechos de Puente Llaguno, en Caracas. Otros dos funcionarios quedaron en libertad al término del cuestionado proceso.
Con excepción de Hurtado y Pérez, que recibieron condenas de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, a los demás les fue impuesta la pena máxima: 30 años de cárcel.
Hoy seis de ellos están en sus hogares por medidas humanitarias a causa de gravísimas enfermedades o por cumplimiento total de la pena. Rovaín, Molina y Bolívar siguen en prisión.
Han pasado 23 años desde entonces. Y, pese al cumplimiento de buena parte de la pena, no han recibido medidas alternativas ni beneficios procesales. Tampoco fueron incluidos en las amnistías de 2007 y 2026.
La sentencia establece un punto clave: No fueron hallados culpables de delitos de lesa humanidad ni de homicidio intencional. La decisión judicial los responsabilizó por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, una figura que implica participación indirecta en los hechos. Aún así, fueron condenados a la pena máxima de 30 años.
Las sombras sobre la sentencia
Elba Rovaín no habla como analista jurídica, sino como hermana. Lleva 24 años esperando el regreso de Héctor. En casa de sus padres no hay espacio que no esté marcado por esa ausencia.
Llora con frecuencia. Le cuesta entender cómo un hombre al que describe como alegre, trabajador y con aspiraciones terminó perdiendo más de dos décadas de su vida. “Fue una orden”, repite, convencida de la inocencia de su hermano, el inspector jefe que el 11 de abril de 2002 tomó la decisión de resguardar vidas. Sabe también que la decisión no fue estrictamente judicial, sino una orden política.
Lo asegura basada en las pruebas presentadas en el juicio, que demostraron la inocencia de su hermano. También en la confesión de Eladio Aponte Aponte, quien para entonces era presidente de la Sala de Casación Penal del del Tribunal Supremo de Justicia.
Aponte Aponte admitió años después haber recibido y ejecutado órdenes políticas en decisiones judiciales. En sus declaraciones, reconoció que fueron impartidas por Hugo Chávez y pidió perdón por el daño causado a los involucrados en los hechos del 11 de abril.
El juicio también tuvo como figura central a la jueza Marjorie Calderón. Su actuación ha sido cuestionada por abogados defensores de derechos humanos y familiares.
Una lucha que no se detiene
María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, ha convertido la exigencia de justicia en una causa de vida. No ha faltado a marchas, concentraciones ni actos públicos. Hoy, 23 años después, su voz suena distinta. Más cansada, más triste.
Ella habla desde la impotencia y la decepción. Pero también de una persistencia que no se detiene. No pide solo por su sobrino. Nombra a Héctor, a Luis, y a todos los presos políticos. Para ella, el caso de los policías metropolitanos es símbolo de un sistema que castiga, pero que no repara.
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La negativa a la amnistía
Las abogadas Yajaira de Forero y Theresly Malavé llevaron ante tribunales solicitudes formales de amnistía para los tres funcionarios. Argumentaron la naturaleza del delito por el que fueron condenados, el tiempo cumplido en prisión. También las irregularidades denunciadas en el proceso judicial y el principio de proporcionalidad de la pena.
También hicieron énfasis en que la sentencia no estableció responsabilidad directa en homicidios intencionales. Demostraron que los policías ya han cumplido con creces los requisitos para estar en libertad. Su argumento es técnico y contundente: el mantenimiento de esta reclusión es una violación sistemática de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico venezolano, que prohíbe penas que se conviertan de facto en cadenas perpetuas.
Las solicitudes fueron negadas, otro intento frustrado que se convierte en una nueva extensión del castigo.
Lejos de casa, lejos de sus afectos
Hoy, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina permanecen recluidos en la cárcel Fénix de Barquisimeto, estado Lara, a cientos de kilómetros de sus hogares en Miranda y La Guaira. La distancia ha sido un castigo adicional: Las visitas se hacen casi imposibles por las dificultades económicas que las familias enfrentan en una Venezuela empobrecida.
Mientras tanto, el tiempo pasa, igual que los cumpleaños, las navidades, las ocasiones especiales de celebración. La condena se mide en hijos que crecieron sin padres, en nietos que no conocen a sus abuelos,, en padres que envejecieron o murieron, como los de Rovaín. También en hogares que han tenido que vivir con una silla vacía.
Dentro de la prisión, dicen Katherine, Elba y María, la tristeza es constante. No solo por la reclusión, sino por la sensación de haber sido olvidados por un sistema que nunca les ofreció garantías reales.
Un país que también espera
A 23 años de los hechos del 11 de abril, el caso de los policías metropolitanos sigue siendo un punto de quiebre en la memoria venezolana. Para algunos, es un símbolo de la politización de la justicia. Para otros, un expediente incómodo condenado al olvido.
Y mientras el país cambia, ellos permanecen en el mismo lugar, tras las rejas, lejos de sus familias, esperando que la ley, y la humanidad, finalmente los alcancen.
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