Por Maryerlin Villanueva /Crónica Uno
San Cristóbal. Una serie de fugas masivas registradas en distintos centros penitenciarios del estado Táchira en el primer cuatrimestre del año levantaron las alarmas entre las autoridades, que intensificaron sus operativos de búsqueda para localizar a los reclusos que huyeron.
Entre enero, febrero, marzo y abril se fugaron más de una docena de privados de libertad de al menos tres cárceles de esta región fronteriza, según cifras oficiales.
Actualmente, cinco siguen prófugos, pese a los despliegues implementados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Este aumento de evasiones con características similares es uno de los indicios claros en las investigaciones que iniciaron las autoridades. En paralelo, tratan de evitar su posible paso a Colombia.
El primer incidente ocurrió el 29 de marzo en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, municipio Córdoba, cuando cuatro internos aprovecharon una visita para salir por las alcantarillas, en la parte posterior del edificio.
Gabriel Malavé, de 35 años; Jesús Rodríguez, de 30 años; Edgar Méndez, de 44 años; José Valero, de 30 años; dos de ellos oriundos del estado Sucre, se habrían dirigido hacia el sector La Petrólera, en el municipio Junín.
Tras un despliegue del Cicpc y de la PNB fue recapturado Valero.
Los otros tres siguen prófugos. Todos cumplían condenas por delitos de violencia sexual, tráfico de drogas, y falsificación de documentos.
Fugados del Cicpc
La noche del 8 de abril dos hermanos, Rigoberto y Gerardo Sarría, uno de ellos exfuncionario del Cicpc, se escaparon del comando de ese organismo, en la vía a Chorro El Indio, en el municipio San Cristóbal.
Ambos estaban en prisión preventiva por el presunto asesinato de Johan Vargas, el 16 de diciembre de 2023, a quien le dispararon en una zona boscosa de Lobatera. Los victimarios fueron aprehendidos el 11 de enero pasado.
A Gerardo Sarría lo condenaron a 19 años de prisión y su hermano pasó a juicio, de acuerdo con la información que difundió el Ministerio Público. Si bien las autoridades anunciaron un despliegue para su recaptura, hasta la fecha se desconoce el paradero de ambos.
Falla de Estado
Según el abogado y exdirector de la Policía del estado Táchira, Jesús Alberto Berro, estas fugas se deben al retardo procesal y a la falta de traslados de detenidos a las cárceles porque congestiona los centros de detención temporal, donde permanecen reclusos por períodos prolongados.
La falta de traslados deriva en hacinamiento, uno de los principales problemas del sistema de administración de justicia del país.
Recordó que las cárceles son infraestructuras que no cuentan con los espacios idóneos para la permanencia de los privados de libertad, mientras que los centros preventivos no tienen las áreas necesarias para albergar a más de una docena de presos.
Berro detalló que los centros detención superan su capacidad en 300 %, por lo que no pueden albergar por más de 48 horas a un detenido. Esto implica que los presos deben ser trasladados a una cárcel cumplido este lapso. Pero, debido al retado procesal, se mantienen hacinados a la espera de sentencia, o del inicio del juicio.
El problema de hacinamiento no es nuevo, aseguró el abogado, pues forma parte de la “doctrina y toda la política pública de carácter criminal que desarrolla el Estado en cuanto a los centros de reclusión”.
Los centros primarios son aquellos en los que se refugia a personas que detienen en flagrancia, mientras transitan hacia el sistema judicial. Cuando culmina la audiencia, y reciben sentencia, deben ser trasladados a centros secundarios.
Esta fase del proceso judicial no se cumple, denunció Berro, porque en la mayoría de los casos que logran llegar a juicio, incluso los pocos que reciben sentencia, son devueltos al lugar de detención primaria. Esto incide en el aumento del hacinamiento en los comandos policiales.
Permiten la permanencia de estás personas con carácter de procesados y con carácter de penados, cuando no son locaciones para mantenerlos allí, lo que quiere decir que hay una actividad disfuncional en el tratamiento del recurso venezolano”, indicó.
Fuga masiva
La evasión más grande ocurrió el 26 de abril en el Destacamento D-215 de la Guardia Nacional en La Pedrera, de donde huyeron nueve presos. El reporte indicó que la fuga ocurrió en horas de la madrugada en la sede dela GNB ubicada en eñ municipio Libertador.
Los reclusos fueron identificados como Jefferson Díaz, Juan Manuel Graterol, Marcelino Mercado, Jesús Ortiz, Jonathan Rivera, Raider Guzmán, Carlos Reyes, Javier Moreno y Jesús Atencio.
A los nueve los recapturaron en diferentes partes de la entidad. Uno de ellos fue capturado el mismo día. Los otros ocho en los días siguientes. Por este caso detuvieron a siete personas, entre civiles y militares, por su presunta vinculación con la huida.
Al respecto Berro enfatizó en que es necesario sincerar el sistema judicial para volverlo funcional. Es decir, que cumplan con los estándares de reclusión establecidos, respeto a las condiciones mínimas de vida digna para los detenidos.
Afirmó que es urgente depurar comandos como los del Cicpc, destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana y sedes de la PNB.
Complicidad
El coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia capítulo Táchira, Yensi Meneses, lamentó que las fugas ocurran de manera más reiterativo. A su juicio, el patrón de recurrencia evidencia la complicidad de los encargados de los centros de detención, tal como ocurrió en el último caso en el que, tras las investigaciones, se ordenó la de detención de funcionarios de ese centro preventivo.
Sobre la fuga en el comando del Cicpc alertó del conflicto de intereses que resulta de la decisión de escoger como centro de detención temporal el mismo cuerpo de seguridad al que pertenecen, custodiados por excompañeros.
Para Meneses es necesario que se agilicen los traslados correspondientes a las cárceles para evitar potenciales fugas.