quella mañana, Daniela se levantó a las seis, como cualquier día, aunque sus movimientos eran más silenciosos de lo normal. Pedro, su padre, lo notó y se acercó al cuarto. La vio arreglarse bajo la luz del teléfono celular, porque no tenían electricidad. Minutos más tarde, la menor de 13 años se despidió para ir al liceo y él le respondió: “Dios te guarde, hija, juicio”.

Pocas horas después de ese 4 de mayo de 2022, unas sobrinas le informaron a Pedro que Daniela había desaparecido. Él recordó que tres días antes, una joven de 16 años había visitado a Daniela en su casa, en el municipio Bolívar, del estado Táchira, Venezuela, frontera con el Departamento Norte de Santander, Colombia.

Por ello, presintió que Daniela se había ido con aquella joven que la visitaba mucho. Pensó que si no encendía las alertas no sabría el destino su hija y corrió hacia las trochas o senderos más cercanos para preguntar, con una fotografía, si la habían visto pasar (los nombres de Daniela y de su papá han sido modificados por petición de la familia).

Según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, existe un alto flujo migratorio infantil de Venezuela a Colombia del que no hay datos precisos. Para 2020, Migración Colombia reportó que unos 25.000 niños, niñas y adolescentes habían salido de Venezuela sin acompañamiento de un adulto; de estos, 272 estarían en el sector de La Parada, Villa del Rosario, de acuerdo con un estudio de caracterización realizado por la Fundación Nuevos Horizontes en 2021.

En octubre de ese mismo año, el secretario de Fronteras y Asuntos Migratorios de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, aseguró que el 45 % del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años, y que para la fecha ingresaba un promedio de 200 migrantes diarios por la zona de frontera. La mayoría de estos niños, niñas y adolescentes lo hacen solos y sin documentación, por lo que no pasan por los puentes internacionales que unen a su país con Colombia, sino por caminos ilegales que son controlados por grupos criminales organizados de ambas naciones.

Este fenómeno migratorio, sin embargo, esconde otra cara más de la tragedia que viven los migrantes venezolanos y que es muy poco investigada: niños, niñas y adolescentes son captados por arrastradores, es decir, otros menores de edad, para ser llevados a Colombia y entregados a redes de trata de personas, con fines de explotación sexual o laboral. Viajan por los caminos ilegales de una frontera que se mantiene cerrada desde el 19 de agosto de 2015, y que podría abrirse en cuanto el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, asuma el poder, según los anuncios que ha ofrecido al respecto.

Este fenómeno ha sido alertado por autoridades, ONG y centros universitarios con observatorios migratorios en la frontera, los cuales proporcionaron algunas cifras para esta investigación periodística. Así, de 2020 a 2021, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Bolívar, Venezuela, recibió a nueve menores de edad repatriados, víctimas de explotación sexual, captados por otros menores. El exalcalde de ese municipio, William Gómez, contabiliza dos casos frustrados de adolescentes que intentaron pasar a cuatro menores por el Puente Internacional Simón Bolívar; gracias a una alerta temprana, fueron detenidos por las autoridades. En el mismo periodo, el Observatorio Asuntos de Género del Departamento Norte de Santander, en Colombia, identificó cinco casos de menores de edad víctimas de trata.

Lo que saben estas organizaciones es que estos niños o adolescentes arrastradores ubican a otros de su misma edad para convencerlos de salirse de su casa, sin avisar a sus familias, ofreciéndoles teléfonos de alta gama, dinero, un trabajo con buena remuneración y la oportunidad de ayudar a sus familias. Durante sus encuentros les hacen fotografías a sus rostros y documentos, y las envían a las redes de trata. Generalmente se acercan a menores que viven en situación de pobreza, con carencias de alimentación y servicios básicos, como agua y electricidad. La mayoría de los arrastradores conocen a esos otros niños, pues los buscan en espacios en donde han vivido o han estado en otra ocasión, para generar confianza.

En 2020, el Ministerio de Interior de Colombia registró 31 casos de trata en niños, niñas y adolescentes, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enumera ocho casos, ocurridos de 2016 al 2021, aunque no especifica si en estos había menores arrastradores. Dentro de la trata infantil y juvenil también hay explotación sexual comercial, y en ese renglón el ICBF cuantifica en el mismo periodo 45 casos.

Las instituciones venezolanas no dan cifras sobre este asunto. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Idenna), con sede en Táchira, alega que, de hacerlo, estarían infringiendo la ley. “Estaríamos violando la confidencialidad de los casos”, afirma Mariana Acosta, directora regional del Idenna.

La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, sin embargo, no impide dar cifras; su restricción va dirigida, más bien, a exponer la identidad del menor. Así lo dice:

Por su parte, Wilman Rivera Torres, jefe de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y director de la Policía del Táchira, niega que en los organismos de seguridad venezolanos existan registros porque no hay denuncias sobre trata, ni de menores arrastradores, ni de niños desaparecidos en la frontera.

Una fuente del Observatorio Violencia de Género del Norte de Santander, Colombia, que solicitó no ser identificada por seguridad, considera que los arrastradores también podrían ser víctimas de la trata y usados para la captación. Asimismo, piensa que están siendo vigilados. “Creo que estos niños también han pasado por toda una serie de victimizaciones de este delito, y los pusieron a cumplir esta función. ¿Ellos estarán siendo víctimas de esas redes de trata?”, se pregunta.

ONG y universidades aseguran que en las instituciones de gobierno de Colombia y Venezuela hay subregistros que reflejan la trata de menores migrantes en baja escala, pero no describen dentro de ellos a los arrastradores.

Por su parte, la investigadora de la Clínica Jurídica de la Universidad de Los Andes (Uniandes) con sede en Bogotá, Gracy Pelacani, confirma que hay una disparidad importante entre la información que maneja la Fiscalía colombiana y lo que se cree que es el fenómeno de la trata, sobre todo porque los migrantes venezolanos no quieren exponerse ante los organismos de seguridad.

Al respecto, el profesor del Centro de Estudios de Migración, Fronteras e Integración de la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” en Venezuela, Francisco Sánchez, destaca que el tema general de la trata de niños y adolescentes es poco estudiado y, menos aún, sobre menores arrastradores, por lo que no existen cifras que reflejen el verdadero tamaño del problema.

edro temía que su hija estuviera en manos de una red de trata. Desesperado por encontrarla, cruzó a La Parada de Cúcuta, municipio Villa del Rosario del Departamento Norte de Santander y pidió ayuda a tres funcionarios policiales que estaban en los alrededores de la sede de Migración. Al no ser atendido, se trasladó al Terminal de Cúcuta. Subió a los autobuses que conducen a Bucaramanga y Ocaña e ingresó al Comando de Atención Inmediata de la Policía Nacional de Colombia, dentro del mismo puerto terrestre. No consiguió apoyo.

“Se me estaba desvaneciendo todo, porque no dan la atención adecuada a un caso de estos, porque dicen que tienen que ser 72 horas, que tres días, que no pueden hacer nada, que eso no les compete a ellos”

Según declaración del subintendente Luis Alejandro González, jefe de la Unidad de Desaparecidos de la Policía Metropolitana de Bogotá, suministradas para el portal Bogotá, “no existe un fundamento legal en Colombia o el mundo que diga que legalmente se debe esperar 72 horas para hacer una denuncia de una persona desaparecida, esa búsqueda se hace de manera inmediata”.

Pedro también fue a Fiscalía y a la sede de la Policía de Infancia y Adolescencia, donde tampoco le recibieron la denuncia; alegaban que debía hacerlo en Venezuela. “En mi desespero, les dije: ¿qué puedo hacer si yo estoy en mi casa y los tentáculos de estas redes penetraron mi hogar y se llevaron a mi hija?”.

Al revisar cuentas de Facebook e Instagram, sus familiares encontraron contactos en común de Daniela con su supuesta amiga. Descubrieron que esta última pertenecía a la red de una mujer a la que le dicen “La Patrona”, dueña de prostíbulos en Colombia.

Pedro compartió esta información con los funcionarios policiales, quienes establecieron contacto telefónico con los delincuentes. De ahí descubrieron que esa adolescente era una arrastradora que se hacía llamar Tathiana, y trabajaba en el Bar 10, del departamento del Cesar, Colombia. A partir de allí, los policías accedieron a formalizar la denuncia.

Inmediatamente, Pedro contactó a un periodista en Cúcuta, a quien envió fotografías de su hija y de la arrastradora, así como un audio explicando la situación. Fue él quien disparó las alertas en redes sociales y medios de comunicación. A los pocos minutos, Pedro recibió una llamada de Daniela, quien en un descuido de su captora pidió un teléfono prestado.

El mayor obstáculo para conocer cuántos menores de edad son utilizados para captar a otros niños, niñas y adolescentes en la frontera colombo-venezolana es que las desapariciones no se denuncian ante los organismos de seguridad en ninguno de los dos países, a pesar de que existen rutas de atención. Cuando algún familiar de la víctima intenta hacerlo, se encuentra con impedimentos de las autoridades.

En Venezuela, Wilman Rivera, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, asegura que no tienen denuncias de desapariciones o casos de trata. Sin embargo, reconoce la existencia del fenómeno de menores arrastradores. “Los llevan engañados de que van a trabajar, que van a hacer mucho dinero, pues utilizan menores, para que convenzan a los menores”.

Una fuente del Observatorio Violencia de Género del Norte de Santander, que solicita no ser expuesta, explica que el caso de Daniela “muestra muy bien el carácter tan negligente que todavía tiene la ruta de atención y prevención a trata de personas”. Además, asegura que funcionarios policiales amenazan a las víctimas de origen venezolano con ser denunciadas en Migración Colombia para que las deporten; por ello, no se ve en la institucionalidad un aliado para su protección y rescate, sino una entidad que empeora su condición.

Escucha el testimonio de la fuente reservada

En la Fundación Redes (Fundaredes) han detectado que, cuando los representantes de un menor de edad desaparecido van al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), son coaccionados para que no formalicen la denuncia. “Es un patrón por parte de funcionarios del Cicpc: los familiares acuden a denunciar e inmediatamente les dicen ‘no denuncie, quédese tranquila’; entonces, de alguna manera, intentan amenazar, amedrentar, a decirles que tendrán consecuencias si denuncian estas desapariciones”, confirma Clara Ramírez, directora de documentación y derechos humanos de Fundaredes. De acuerdo con ella, los funcionarios suelen alegar que los infantes y adolescentes se van por problemas familiares o, si son niñas, que están con el novio.

Durante la investigación se buscó entrevista con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia del Norte de Santander para conocer si hay casos registrados de menores arrastradores, pero no hubo respuesta.

En el caso de Daniela, en la Policía de Infancia y Adolescencia en Cúcuta formalizaron la denuncia de desaparición sólo hasta que los padres mostraron pruebas de que su hija estaba con una red de trata. La llamada de la menor les permitió hacer un rastreo del dueño del teléfono y del conductor del vehículo. Así lograron su rescate.

Al revisar el teléfono de la arrastradora, los funcionarios descubrieron que la joven había recibido 280 dólares (un millón de pesos colombianos) por Daniela, y que se había llevado cuatro niños más. Sin embargo, por ser menor de edad, no fue detenida, sino enviada a resguardo de una casa hogar del ICBF.

ran las 4 y 30 de la tarde del 26 de abril de 2022 cuando José de ocho años de edad le avisó a su mamá que iría a una bodega ubicada a cuadra y media de su casa. Ella lo observó desde la puerta hasta que cruzó la calle, pero pasada una hora desde que el pequeño no regresaba, fue a buscarlo y no lo encontró.

Lo mismo ocurrió con Luis, quien tiene ocho años de edad. José y Luis venden chupetas en Táchira, y días antes habían estado conversando con un niño mayor que ellos, que estaba visitando la localidad.

Cuando la madre de José se percató de que había pasado un rato y no había regresado de la bodega, se fue a buscarlo. Hizo las alertas por redes sociales con la fotografía del menor y la descripción de cómo estaba vestido, y le informó a Fundaredes lo que había ocurrido, por lo que la ONG alertó a través de sus redes sociales. Posteriormente se enteraron de que Luis también había desaparecido.

Horas después José y Luis fueron rescatados por funcionarios de la Guardia Nacional en la alcabala de Peracal, municipio Bolívar de la frontera tachirense, quienes se percataron que se trataba de los niños que estaban siendo buscados. Viajaban con un tercer menor de edad, que logró cruzar a Colombia.

Clara Ramírez de Fundaredes, indica que los familiares les informaron que el tercer menor de edad era más grande que José y Luis, y aunque desconocen su edad, aseguran que también es un niño. Destaca que los niños de ocho años no habían tenido ninguna discusión con sus padres, o algún altercado que los llevara a tomar esa decisión momentáneamente, pero sí dejaron claro, cuando fueron rescatados, que el tercer menor de edad se los estaba llevando para Colombia.

Un patrón común entre los arrastradores es que han vivido o son conocidos en las zonas donde captan a niños y adolescentes de bajos recursos, cuyas familias tienen dificultades para alimentarlos y darles educación. Llegan a poblaciones pobres y los endulzan con ofertas económicas.

También se sabe que los menores arrastradores pueden usar las redes sociales para hacer la captación. Beatriz Mora, quien hasta a principios de 2022 era directora del Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer), cuenta que en 2018 rescataron a una adolescente de 15 años a quien otro menor contactó por Facebook y la convenció de viajar a Perú. Él le indicó a qué autobús del Terminal de la Bandera, en Caracas, debía subirse, con los gastos pagados, y lo que tenía que hacer al llegar a San Cristóbal, en Táchira. La joven relató en el instituto que, aunque en las alcabalas pedían documentos a todos los pasajeros, a ella no.

“Durante unos 15 días ese muchacho estuvo hablando con ella. Y, bueno, ella dice que la enamoró, pues él le dijo que se fuera con él a Perú, que tenía que venirse por la frontera tachirense y que al llegar a San Antonio alguien la esperaba, la pasaba hacia Cúcuta, y de allí la embarcaban en un bus a Perú”, recuerda Mora, quien destaca que en 2021 encontraron al menos 18 casos de este tipo.

En la ruta migrante colombiana han identificado a niños que salieron hace cuatro o cinco años de Venezuela y que han estado en Chile, en Perú o en otros países, y siguen movilizándose entre diversas naciones. Es probable que, entre ellos, haya arrastradores.

El único caso conocido en medios de comunicación del Táchira sucedió en junio de 2018. Dos menores de edad bajo la custodia de la casa hogar de Intamujer, dependiente de la Gobernación del Táchira, escaparon para ir a una fiesta a la que fueron invitadas por una compañera de clases, de 15 años de edad.

La adolescente era el contacto de los jefes de una red de trata y prostitución para acceder al liceo público en el que estudiaban las menores captadas. Al llegar a la fiesta, los jefes de la banda les ofrecieron viajar a Bogotá, Colombia, para ganar dólares o euros y, si se convertían en las mejores trabajadoras sexuales, podrían ir a Brasil, donde habría más dinero. Las menores rechazaron la oferta y fueron abusadas sexualmente. Por este caso se detuvo a ocho hombres y a la menor arrastradora.

El director de Fronteras de la Gobernación del Norte de Santander, Colombia, Víctor Bautista, identifica un problema crítico con los menores no acompañados, pues en un estudio realizado junto al ICBF que no ha sido publicado, pero al cual hizo referencia durante la entrevista, hallaron cientos de menores venezolanos viajando de esta forma, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. No entiende cómo han salido del interior de Venezuela, con qué finalidad, ni a qué destino se dirigen.

Las autoridades colombianas y los centros de migración de las universidades también han estudiado casos de menores migrantes no acompañados, en los cuales reconocen la posibilidad del fenómeno de arrastre para la trata. Para la investigadora de la Universidad del Rosario, Daniella Monroy, las cifras probablemente son grandes, pero no hay actualización por la cantidad de trochas por donde pasa la migración irregular.

Es en este tipo de migración donde la investigadora de la Clínica Jurídica de Uniandes, Gracy Pelacani, identifica el mayor riesgo de trata. “A veces encuentran grupos de menores de edad o se unen a alguien en el camino, y muchas veces se añaden a grupos familiares. A veces están con adultos y dicen que esa es la tía, o que es el abuelo, o quien sea. A veces hay parejas con mucha diferencia de edad… Eso hace que cuando hay trata de personas sea más difícil de identificar”.

ndrés tiene 15 años y ya ha salido cuatro veces de Venezuela. Tenía 11 cuando partió la primera vez desde Petare, Caracas, hacia la frontera con el Norte de Santander. Cuenta que iba solo y con su cédula de identidad como documento. Su padre fue asesinado cuando él tenía un año y seis meses de nacido, y su madre falleció de cáncer cuando tenía 10; Andrés quedó en situación de calle, comiendo de la basura y durmiendo en plazas.

Dice que, con idea de buscar un mejor destino, tomó la ruta hacia la frontera con Colombia; caminaba y pedía cola en camiones de carga. Así llegó al Norte de Santander a trabajar en reciclaje, y retornó a Venezuela a los dos meses. Cuando tenía 12 años, viajó a Medellín, según narra, a conocer la Hacienda Nápoles y se devolvió. La tercera vez fue en 2021, a los 14 años de edad, con el fin de llegar a Lima, Perú. La cuarta fue en 2022; quería llegar a Ecuador.

El docente de la Universidad Católica del Táchira e investigador de la migración en la frontera colombo-venezolana, Miguel Morphe, destaca que en el Norte de Santander está el mayor nivel de desempleo y pobreza de Colombia; cita un informe de la ONU de 2021 en el que se indica que ese es un territorio con los mayores cultivos y hectáreas de cocaína, lo que es aprovechado por grupos irregulares en medio de la migración.

En trabajo de campo ha identificado que grupos armados alimentan sus filas con los niños que llegan a la frontera, aprovechando que pasan días sin comer. Los obligan a ser mensajeros, raspadores de coca y observadores; además, aprovechan a los que tienen doble nacionalidad para que transiten por ambos territorios y arrastren a otros.

Según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, entre el primero de diciembre de 2016 y el 9 de marzo de 2022, han sido reclutados más de 470 menores de edad por parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el ELN y otras organizaciones criminales.

Especifican que Antioquia ocupa el primer lugar con 46 casos de reclutamiento de menores, los departamentos de Chocó con 39, Norte de Santander con 31, Valle del Cauca con 23, Cauca con 12, Arauca con 11, Caquetá con 10, Bolívar y Nariño con nueve cada uno, así Putumayo con ocho.

Un niño venezolano que viaja a la frontera colombo-venezolana, desde la región central de Venezuela, tiene que recorrer unos 715 kilómetros de carretera. Desde Petare son 858,5 kilómetros. En el trayecto hay entre 35 y 90 alcabalas de la Guardia Nacional (GN). Son 35 fijas y se llega a 90 por la instalación de puntos de control móviles de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías estadales y municipales, cuyos funcionarios deben pedir a los menores de edad documento de identidad, permiso de viaje y acompañamiento de sus familiares.

Wilman Rivera, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, no cree que todos los traslados se realicen en las líneas de transporte legalmente constituidas y por alcabalas, sino que la mayoría se hacen en carros piratas y por trochas. Asegura que en los 140 kilómetros de frontera abierta es difícil detectar esos casos, por no haber control en las trochas, pero que desde mediados de mayo están realizando jornadas de revisión.

Por su parte, Andrés afirma que, cuando salió la primera vez, le cobraron entre 10 y 20 dólares para dejarlo pasar solo y sin documentos en dos alcabalas de la Guardia Nacional. Al no tenerlos, y por ir escondido en camiones, lo golpearon. Relata que el primer episodio ocurrió en el comando Simón Bolívar, ubicado en Portuguesa, y el segundo en Punta de Piedra, estado Barinas.

Durante 2020, Fundaredes contabilizó 90 alcabalas, entre fijas y móviles, en la ruta desde Caracas hasta San Antonio del Táchira. Tienen documentado que, en puntos de control, algunos efectivos bajan a los menores de las unidades de transporte y llaman a los grupos de redes de trata para venderlos. “Los funcionarios de los cuerpos de seguridad que están para resguardarlos, para resguardar su salud, su integridad, su vida, se prestan para ser parte de estas mafias a cambio de sumas de dinero”, dice Clara Ramírez, directora de documentación y derechos humanos de Fundaredes.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Fronteras, Juan Carlos Palencia, ha contado 35 alcabalas fijas en la misma ruta. Le llama la atención que en medio de una migración tan alta (8.4 millones de venezolanos, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados en 2022), los consejos de protección del niño, niña y adolescente no tengan funcionarios en las alcabalas para garantizar la integridad de los menores de edad.

Ambos han recibido denuncias de que los funcionarios cobran entre cinco y 20 dólares para dejar pasar a cada niño, niña o adolescente.

“La última vez que pasé por Punta de Piedra me dieron paliza, porque venía en una mula, sin permiso del mulero pa’ que me diera la cola. Iba pa’ Caracas y el loco no me quiso dar la cola, y me le monté al vivo, y me arrastró hasta allí, y llegué a Punta de Piedra y me dieron una paliza”, narra Andrés. Además, describe que en otra alcabala lo llevaron a un cuarto de castigo, lo esposaron con los brazos hacia arriba, y cada funcionario lo golpeó. “Al que llegaba le decían así: ‘jueguen con la piñata’. La piñata era yo; fueron duros. Yo me hice el muerto, ya a lo último me hice el desmayado”.

Hoy, en su cuello, Andrés carga un rosario; comparte que lo toca cada vez que pasa por una alcabala y se encomienda a Dios, para que no lo vean los funcionarios militares.

os menores de edad son el eslabón más débil de la cadena de la trata en Venezuela. Grupos criminales los utilizan para el arrastre porque no pueden ser juzgados por la justicia colombiana al igual que a los adultos. Según indica Daniella Monroy, investigadora de migración de la Universidad del Rosario, en Colombia, estas bandas ven en los niños y adolescentes la posibilidad de delinquir las veces que sea posible.

Un informe presentado en mayo de 2022 por la Defensoría del Norte de Santander indica que en 2020 aumentaron los casos de niños, niñas y adolescentes tentados por grupos armados para trabajar, aunque no especifican el número. Señalan, además, que en el último trimestre de 2021 activaron rutas de prevención urgente para ocho casos de menores (seis de nacionalidad venezolana) con amenaza de reclutamiento en la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander. Este 2022 se han conocido cuatro casos más de menores de edad víctimas de reclutamiento.

Se cree que detrás de la captación de menores de edad hay grupos guerrilleros, paramilitares y delincuenciales transfronterizos. El defensor del Pueblo en el Norte de Santander, Jaime Martey, confirma que, debido a la ausencia de denuncias, en Colombia hay subregistros sobre el reclutamiento de menores de edad venezolanos y colombianos de parte de los grupos armados. “Nos hemos enfrentado a existencia de cifras muy inferiores a las existentes en la realidad”.

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó, en 2021, un informe en el que se identifica al grupo paramilitar “Los Rastrojos” y al delincuencial “Tren de Aragua” como dos de los principales actuantes en la zona. Los primeros están ubicados en la trocha Boca de Grita, en Puerto Santander, y La Marina, en Villa del Rosario; los segundos, en la trocha Los Mangos y el sector Cortina Rojo, en Villa del Rosario.

Pares informa que, en el caso de Boca de Grita, en medio de las disputas por el territorio, el Ejército de Liberación Nacional ha desplazado a “Los Rastrojos” y tiene una presencia mayoritaria, aunque no hegemónica.

Las redes de trata, según esta fundación, captan a víctimas desde el interior de Venezuela y las pasan a través de las trochas, les confiscan documentos y las ubican en casas de Puerto Santander o Cúcuta, donde permanecen custodiadas y sin comunicación. Las redes trasnacionales coordinan el paso de jueves a domingo.

Por su parte, la fuente reservada del Observatorio de Violencia de Género reporta al grupo “Los Hinchas” como uno de los principales actores amenazantes contra la población caminante en el Norte de Santander, mientras que otros grupos, de los cuales desconocen nombres, estarían actuando en el páramo de Berlín, que es por donde pasan los migrantes venezolanos que caminan al centro de Colombia.

Daniela no quiere volver al colegio, tiene mucho miedo después de haber sido engañada por su amiga de 16 años de edad. Su padre describe que la familia también siente temor, desconfianza y angustia, sobre todo porque viven en situación de escasez y pobreza. Pedro quiere mudarse de El Palotal, pero no tiene las condiciones económicas para hacerlo.

“Quisiera irme de allí, no veo un futuro para mis hijos. He creído en Venezuela, pero ya hemos pasado muchísimo de la situación económica, la luz, las medicinas”, dice, al tiempo que afirma que toda la familia necesita atención psicológica, porque quedaron marcados por la acción de la adolescente arrastradora