DLA - Politica | 10/05/2017 | 1:00 am
Aprobado por unanimidad
AN anula los decretos presidenciales de la Constituyente

la bancada opositora de la AN aprobó por unanimidad la anulación de los decretos de la Constituyente e instó al CNE a respetar la soberanía popular

Gráficas: Cortesía

Efecto Cocuyo.-

Cerca de las 6:00 de la tarde de este martes, 9 de mayo, los diputados de la Mesa dela Unidad Democrática -MUD- votaron ¡sí! Para invalidar la convocatoria del presidente Nicolás Maduro que busca modificar la Constitución de 1999.

El acuerdo dice así: “Se declara la nulidad de los decretos 2.830 y 2.831 dictados por el Presidente de la República el 1 de mayo de 2017, publicados en la Gaceta Oficial Nº 6.295 de esa misma fecha, por usurpación de poder y violación de derechos políticos, inconstitucionalidad que determina la nulidad absoluta de esos decretos”.

La oposición ya había jugado su carta para “matar” la Constituyente, el 2 de mayo, al invocar el artículo 333 de la Carta Magna que establece que “esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella” y otorga el poder al ciudadano venezolano para defenderla.

Pero este martes, la bancada opositora de la AN aprobó por unanimidad la anulación de los decretos de la Constituyente e instó al Consejo Nacional Electoral –CNE- a respetar la soberanía popular “en virtud de lo cual deberá abstenerse de dar curso a esa inconstitucional convocatoria presidencial usurpando el poder constituyente originario del pueblo, so pena de incurrir en responsabilidad personal por la violación de los derechos políticos”.

“Maduro quiere hacer una Constituyente sin el pueblo, imponernos el socialismo del siglo XXI que ya derivó en esta dictadura”, alertó el diputado Luis Florido, quien apeló a la tesis de la rebelión democrática que propone su partido Voluntad Popular para “oponerse al Gobierno”.

Mientras que Eliecer Sirit aseguró que el Ejecutivo pretende evadir las elecciones regionales y municipales ya vencidas con dicha convocatoria. “Un Presidente con un margen de impopularidad de 80% no tiene legitimidad alguna para convocar una Asamblea Constituyente”, argumentó.

“¿Quién le dio la potestad a Maduro para sustituir al pueblo”, se preguntó el parlamentario Alfonso Marquina y poco después, Américo de Grazia advirtió que el Presidente busca “retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta”.

A través de los monitores del hemiciclo de sesiones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos -OEA-, Luis Almagro, ejerció un derecho de palabra –el primero en la administración con mayoría opositora- para fijar posición sobre la convocatoria presidencial de la Constituyente a la que calificó de antidemocrática porque busca “consolidar los poderes dictatoriales”.

Luis Almagro, fuertemente cuestionado en las filas chavistas, acusó al Gobierno de Maduro de tener las manos “manchadas de sangre al armar a colectivos que matan a manifestantes indefensos”.

El presidente de la AN, Julio Borges; el primer vicepresidente, Freddy Guevara; y la segunda vicepresidenta Dennis Fernández, se pusieron de pie para aplaudir al representante de la OEA, gesto que repitieron el resto de los parlamentarios desde sus escaños.

Los juicios militares a civiles también fue punto del orden del día en la cámara. Los opositores calificaron al Plan Zamora de “dictadura” y acusaron al Gobierno de utilizar la justicia militar luego de que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se negara a procesar personas sin actas policiales fundamentadas.

Los sectores de la sociedad civil tuvieron voz en la sesión. El representante de Foro Penal, Alfredo Romero, reveló que han contabilizado 73 personas que han sido juzgadas en tribunales militares.

Rafael Uzcátegui, de Provea, y Lexis Rondón, de Laboratorio de Paz, aseguraron que el Plan Zamora fue creado “para aterrorizar a manifestantes frente a la ineficacia de la GNB para disuadirlos”.

Melanio Escobar, de Redes Ayuda, mostró videos que prueban que los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado efectúan disparos de bombas lacrimógenas directo a los cuerpos de quienes protestan y las violaciones al manual del uso progresivo y diferenciado de la fuerza que introducirá en el Ministerio Público para exigir responsabilidades penales sobre los funcionarios identificados como responsables.

Y Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), dio un sentido discurso para rechazar las agresiones que han sufrido los comunicadores sociales, reporteros gráficos y camarógrafos, tanto por parte de manifestantes como de cuerpos de seguridad. “No son culpables los trabajadores de la prensa por la censura, culpable es el Gobierno que chantajea con concesiones”, declaró.

Según cifras del Sindicato, en 2017 se han documentado 220 agresiones a trabajadores de la prensa, 119 cometidas desde el 31 de marzo hasta la fecha.

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