DLA - Información | 14/03/2017 | 9:00 pm
El trabajador jubilado debe autorizar
Docentes estadales denuncian descuentos inconsultos del Ejecutivo regional

El Gobernador debe rendir cuentas de ese dinero

Gráficas: Jesús David Rivas

Jesús David Rivas.-

Este martes, los docentes dependientes del Ejecutivo regional se reunieron en las inmediaciones de la plazoleta Venezuela, ubicada en los predios de la biblioteca Bolivariana, para definir las acciones que tomarán para exigirle al Gobierno regional una explicación en torno al descuento del 6% de su sueldo para –presuntamente- destinarlo al Ipas estadal.

Máximo Briceño, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado Mérida, adscrito a la Fenatev, denunció esta irregularidad que viene cometiendo el Ejecutivo regional sobre las pensiones de los maestros jubilados, “se les descuenta un 6% como si fuese un trabajador activo, ese porcentaje viola la relación laboral y solo debe aceptarse a aquel maestro que lo autorizó por vía del contrato colectivo nacional, pero si no lo hicieron ni siquiera con el 3%, es un negocio y nosotros rechazamos la manera en la que se apropió la Gobernación del estado de ese 6%”.

Briceño resaltó que uno de los acuerdos tomados en esta asamblea, es exigirle a través de un oficio, el reintegro de esos descuentos que se vienen realizando desde hace más de cuatro meses, “si usted no lo hace en 72 horas nos veremos en la obligación de demandar por los tribunales competentes la incorporación de ese 6% que se ha hecho de manera inconsulta”.

Igualmente dejó claro que esta exigencia no está relacionada con algún juego político, por el contrario, explicó que si el gremio docente acepta el descuento del 6% como propietarios del Ipas, “tendría que disponer, usted señor Gobernador, del 9% por cada maestro jubilado de la Gobernación, cosa que usted no ha hecho en este momento”.

Nómina paralela

Máximo Briceño resaltó que con este descuento no se soluciona la crítica situación del Ipas, sino que la nómina paralela creada debe ser cubierta por el Ejecutivo regional, mas no deben asumirla los docentes jubilados, “jamás vamos a aceptar que un bien que es de nuestra propiedad sea dispuesta o se le asigne para constituir un CDI, eso forma parte del patrimonio de los trabajadores de la educación al servicio del Ejecutivo regional”. JR

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