DLA - Politica | 17/02/2017 | 1:00 am
La acusación se fundamenta en la presunta usurpación de funciones
Antejuicio de mérito contra Borges debe ser aprobado por la AN para que proceda, según la Constitución

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Efecto Cocuyo.-

No es la primera vez que el Gobierno intenta medidas judiciales contra los diputados opositores. Henry Ramos Allup fue blanco de demandas mientras estuvo a la cabeza del Poder Legislativo. El presidente Nicolás Maduro advirtió que un grupo de abogados preparaba una demanda nacional e internacional en su contra por “insania mental, instigación al odio, la violencia, la muerte, el racismo y la violación de los derechos básicos de convivencia y coexistencia”, el 20 de noviembre de 2016.

Ahora, las acciones judiciales están dirigidas al actual presidente del Parlamento, Julio Borges. Un grupo de abogados solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar si hay mérito o no para enjuiciar a Borges por “usurpar funciones” del jefe de Estado. Sin embargo, el Poder que faculta la Constitución para determinar si hay o no mérito es la propia Asamblea Nacional.

El artículo 200 constitucional dice: “De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento (…) Los funcionarios públicos que violen la inmunidad incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de conformidad con la ley”.

Es decir, para que proceda la investigación y enjuiciamiento de un diputado, es la cámara de diputados, con mayoría opositora, la que debe aprobarlo previamente.

La acusación que los juristas hacen contra Borges se fundamenta en la presunta usurpación de funciones en la que habría incurrido el presidente de la AN en su viaje a Brasil y a Colombia. “Las facultades de dirigir las relaciones internacionales del país son exclusivas del Presidente de la República y no del Presidente de la Asamblea Nacional”, manifestó el abogado Antonio Molina.

Sin embargo, el artículo 156 de la Carta Magna enumera las competencias del Poder Público Nacional –del que forma parte la Asamblea Nacional- y en su primer numeral establece que es de su competencia “la política y la actuación internacional de la República”.

Así, la política internacional, diferente de la política exterior que sí es atribución exclusiva del Presidente, puede ser ejercida por los diputados de la República.

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