DLA - Agencia | 17/07/2017 | 2:27 pm
Fiscal se escuda en casos de corrupción
Yulliam Moncada.-

Cumplido el plazo de 5 días anunciado por el TSJ para el antejuicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz sigue ocupando el cargo y asegura que no acatará una posible destitución

El caso Odechecht pudiera ser el as bajo la manga de la fiscal “rebelde” que desafía al Gobierno de Nicolás Maduro desde hace más de tres meses cuando denunció la ruptura del hilo constitucional. Esta semana aseguró conocer la identidad de funcionarios implicados en el caso de corrupción, y un día después emitió las primeras citaciones.

Bajo la amenaza de una posible destitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y la imposición de Katherine Harrington como vicefiscala, las imputaciones del Ministerio Público a funcionarios del Gobierno nacional parecen haber dejado de lado la violación de Derechos Humanos para enfocarse en los casos de corrupción, particularmente en Petróleos de Venezuela y la constructora brasilera Odebrecht.

Al menos 8 funcionarios relacionados con Petróleos de Venezuela fueron citados por el Ministerio Público en los últimos tres días en calidad de imputados por presuntamente incurrir en irregularidades; mientras este miércoles fueron citadas dos personas por estar relacionadas con el caso Odechecht en Venezuela.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, había señalado un día antes que estaban identificados varios funcionarios públicos implicados en el caso de corrupción de Odebrecht, quienes comprometieron el patrimonio del Estado a favor de esa empresa.

Agregó que se tienen los contratos, los nombres de los encargados de autorizar que se ejecutaran las obras y que no le hicieron el seguimiento. Indicó que son obras que nunca se concluyeron, y además muchos de esos funcionarios recibieron comisiones, las cuales fueron depositadas en cuentas en el extranjero a nombre de algunos de sus familiares.

LOS CITADOS. Las citaciones empezaron este lunes 10 de julio, cuando el fiscal 50º nacional, Marcos Palacios, citó en calidad de imputados al actor Manuel Sosa y Alí Ramos por irregularidades en contrataciones con Pdvsa. A Sosa, quien es el presidente de la empresa Suministros Gramal C.A., por presuntas irregularidades en contrataciones con la empresa Petropiar, S.A., mientras Ramos es el vicepresidente de la misma.

De igual manera, el Ministerio Público citó en calidad de imputado al actual director interno de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Orlando Enrique Chacín Castillo, por estar presuntamente incurso en procesos irregulares para la adquisición de vehículos en el transcurso de su gestión como director ejecutivo de exploración de Pdvsa Oriente.

Al día siguiente, el martes 11 de julio, fueron citados en calidad de imputados cinco funcionarios de la empresa mixta Petropiar de Petróleos de Venezuela, por presuntamente incurrir en irregularidades en procesos de contrataciones.

Los funcionarios son: el gerente general, Edwar José Pérez; el gerente de Procura, Humberto Francisco Sarti; el gerente de Parada de Planta, Carlos Humberto Pereira, y los supervisores de analistas de Compra y de Materiales de Parada de Planta, Carlos Armando Bello y Abraham Valentino Lezama, respectivamente.

ACUSACIÓN Este miércoles 12 de julio, el Ministerio Público acusó al gerente del mejorador de crudo de la empresa mixta Petropiar de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), del Complejo José Antonio Anzoátegui, Francisco Javier Velásquez, por presuntamente incurrir en irregularidades en el otorgamiento y adjudicaciones directas en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El fiscal 55º nacional auxiliar, Luis Sánchez Rangel, acusó a Velásquez por los delitos de peculado doloso propio, evasión de proceso licitatorio y asociación. En el escrito presentado ante el Tribunal 7º de Control de Anzoátegui, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Velásquez, quien está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Barcelona.

ODEBRECHT. El Ministerio Público citó este miércoles 13 de julio, en calidad de imputadas, a Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht. Vale destacar que ambas mujeres están vinculadas con Haiman El Troudi, quien se desempeñó como ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas.

El fiscal 55º nacional las citó para que comparezcan el próximo jueves 27 de julio a las 9:00 de la mañana, en compañía de sus abogados defensores a objeto de que le sean imputados delitos sancionados en la Ley contra la Corrupción.

Este proceso responde a una investigación adelantada por el Ministerio Público en cuanto a diversas irregularidades detectadas en contrataciones efectuadas por los representantes de la mencionada constructora brasileña.


¿Qué es el ‘caso Odebrecht’?

La enorme trama de corrupción del gigante de la construcción sacude a la clase política latinoamericana

Fuente: EL PAÍS

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. El mundo económico brasileño se echó a temblar; el mundo político, también. Y no han parado desde entonces de hacerlo. Los secretos que podía guardar el presidente de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o EE.UU., eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por sí solos, derribar presidencias o hacer caer Gobiernos en toda la región.

Durante muchos meses, Marcelo, un hombre pagado de sí mismo y de carácter fuerte, se negó a aceptar el regalo envenenado de la Fiscalía brasileña: confesar lo que sabía, esto es: a quién había sobornado para conseguir contratos golosos, a cambio de rebajar la condena. Pero la situación en caída libre de la empresa, sobre la que pesaba una prohibición de presentarse a concursos públicos, más las pruebas recogidas por los investigadores (la carpeta olvidada de una secretaria en la que figuraban los nombres y apodos de los políticos sistemáticamente sobornados constituyó una de las más concluyentes) le hicieron doblegarse.

Aceptó cantar y delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad.

Además de pedir perdón públicamente, la empresa también se avino a pagar la mayor multa impuesta a una compañía acusada de corrupción: 3.500 millones de dólares, repartidos entre los Gobiernos de Brasil, EE.UU. y Suiza (países que también investigaban a Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio, dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras públicas, su principal fuente de ingresos.

Pero una vez que las investigaciones se hubieron puesto en marcha, nada iba a impedir que el torrente de revelaciones siguiera arrasándolo todo. Desde EE.UU. y pasando por las fiscalías locales, ya afecta, fuera de Brasil, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y a varios expresidentes de Perú, incluso ha rozado al mexicano Felipe Calderón. "Odebrecht empleó una secreta, pero totalmente funcional unidad de negocios de la empresa -un departamento de sobornos, por decirlo de alguna manera- que sistemáticamente pagó cientos de millones de dólares para corromper a funcionarios del Gobierno en países de los tres continentes", afirmó en diciembre de 2016 Sung-Hee Suh, fiscal general asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia norteamericano.

El secreto de sumario impuesto a las confesiones de los más de 70 altos cargos (incluida la de Marcelo Odebrecht) se levantó a mediados de abril de 2017. La acertadamente llamada “Confesión del fin del mundo” salpicó a todos los espectros de la política brasileña: cargos del pasado, jóvenes promesas, Gobierno (especialmente Gobierno) y oposición. "No ha habido en Brasil una sola campaña electoral sin una caja B", alerta un ejecutivo en uno de los vídeos publicados por la Fiscalía brasileña. Y eso es solo el comienzo. Se trata solo de la información del país y ninguna de las acusaciones ha sido demostrada por un tribunal. Lo que esconda la declaración de Marcelo Odebrecht, que trataba con presidentes y ministros de muchos países, es dinamita pura a punto de estallar.

Venezuela

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

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