DLA - Agencia | 23/06/2017 | 5:29 pm
Cómo entender y aplicar los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución
José Francisco Conte /Abogado y Profesor Universitario.-

Nuestra Constitución dispone en el artículo 333, enmarcado en el Título III “De la Protección de la Constitución” y en Capitulo I “De la Garantía de la Constitución”, lo siguiente: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro  medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad,  tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. De este dispositivo se desprende que la Constitución como norma jurídica suprema, tal como lo consagra el artículo 7 de la misma Constitución, no puede ser derogada o desconocida en forma alguna, y en caso de que ello sucediere todo ciudadano debe colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia; es decir, que en caso de que se produzca por ejemplo un golpe de Estado o ruptura del hilo u orden constitucional, que son casos de desconocimiento de la Constitución, todo ciudadano investido o no de autoridad está obligado a colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Constitución. Esta ruptura del orden constitucional se ha puesto de manifiesto tanto por actuaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Electoral, como son los caos del Decreto de Emergencia Económica dictado por el Ejecutivo Nacional, las múltiples sentencias de la Sala Constitucional, entre ellas la 155 y 156, que desconocen las competencias de la Asamblea Nacional, el aplazamiento de las elecciones a gobernadores y diputados regionales por parte del Consejo Nacional Electoral y el rechazo a la realización del referendo revocatorio, todo lo cual ha tenido el aval del Poder Moral o Ciudadano. Frente a estos atropellos constitucionales es que debemos y estamos protestando continuamente y en todo momento oportuno para ello.

Por su parte el artículo 350 consagra:”El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”. Este dispositivo constitucional se enmarca en una clara manifestación republicana y patriota de nuestra tradición histórica que ha impuesto en nuestro colectivo nacional el legítimo derecho a desobedecer todo Gobierno que vulnere la Constitución. Esta tradición republicana viene desde 1810, que implica que el ciudadano debe obediencia al Gobierno solamente si el mismo actúa dentro del marco constitucional, ya que si el Gobierno actúa fuera de los límites constitucionales, de sus facultades y competencias, viola o invade la libertad y los principios republicanos, esa obediencia decae o cesa frente al Gobierno.

En este sentido recordamos que la Sala Constitucional del TSJ interpretó en el 2003 este dispositivo constitucional y explica que se permite y es legitimo invocar esta desobediencia cumpliendo tres condiciones, que son, en primer lugar, que exista un Gobierno, Ley o Sentencia que usurpe la voluntad popular o actúe al margen de la Constitución; en segundo lugar, que deben haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución contra esos actos; y en tercer lugar, que pese a haber intentado todas esas acciones judiciales se mantiene el desacato a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Es decir, la Sala Constitucional pretendió limitar ese derecho a la desobediencia, el cual existe aún cuando sentencias arbitrarias pretendan limitarlo.

Estos dos dispositivos constitucionales 333 y 350 reconocen claramente que frente a Gobiernos despóticos el ciudadano tiene tanto el derecho a no obedecer o colaborar con ese Gobierno y el derecho a realizar o ejecutar todas las acciones necesarias para restablecer la Constitución; es decir, que estos mandatos constitucionales parten del desconocimiento jurídico frente a un Gobierno que actúa al margen de la Constitución 7 y que por lo tanto el ciudadano no está obligado a reconocerlo.

Por consiguiente, el derecho a la desobediencia legítima frente al Gobierno que actúa al margen de la Constitución se ve materializado en las múltiples protestas o manifestaciones públicas que se han realizado y se seguirán realizando en el país. Otro ejemplo es cuando las Universidades del país decidieron no colaborar con el CNE en el fraudulento proceso constituyente al no estar dispuestos a pasar la data actualizada de sus estudiantes a los fines de la inconstitucional sectorización electoral. De igual modo, cuando un funcionario público deja de cumplir órdenes superiores contrarias a la Constitución por cuanto pueden constituir violaciones a los derechos humanos, tal como puede suceder frente a las órdenes de represión brutal y desmedida contra las manifestaciones como a no participar en actos administrativos contrarios a la Constitución.

Igualmente cuando como ciudadanos protestamos pacíficamente frente al fraude constituyente y decidimos no convalidar con nuestra participación la inconstitucional elección de los posibles constituyentitas, estamos poniendo de manifiesto nuestro derecho a la no obediencia a actos contrarios a la Constitución conforme al artículo 350 constitucional. Para restablecer la Constitución en apego al artículo 333 cuando la misma ha sido violentada por acto de fuerza o porque sea derogada por cualquier otro medio distinto a lo previsto en ella, los ciudadanos y funcionarios pueden adoptar cualquier acción, siempre que la misma sea necesaria y pertinente o idónea para restablecer en la practica la Constitución y que esa acción no vulnera los principios, y valores superiores como la libertad, el pluralismo político, la democracia y los derechos humanos.

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