DLA - Agencia | 1/05/2017 | 8:33 am
Agresiones y censura limitan labor periodística
Ana Alejandra Laya.-

Durante 26 días el Instituto de Prensa y Sociedad –Ipys- Venezuela registró un total de 146 violaciones al ejercicio periodístico; además han registrado casos de agresiones, robos y amenazas contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos de diferentes medios de comunicación

Un audio de un desconocido solicitando ayuda porque es atacado o se registra una protesta en el lugar donde vive llega a través de las redes sociales y en menos de cinco minutos quien lo recibe lo envía a sus contactos y a los grupos a los cuales pertenece; la cadena continúa y son más quienes comparten el rumor que aquellos que deciden confirmar lo que en realidad sucede. En menos de una hora la información ha llegado a centenas de personas, entre quienes crece la zozobra y la angustia.

Desde el inicio de las protestas por las redes se difunde un mar de información donde se confunden los hechos verídicos y actuales con audios, imágenes, textos e incluso videos falsos o de sucesos acontecidos hace ya varios meses y años. Pero, al sintonizar los noticieros de televisión o algunas emisoras radiales, en ocasiones son muy pocas las posibilidades de corroborar la veracidad de estos datos, aunque muchos se fían de ellos ante la escasez de noticias.

CENSURA Y DESINFORMACIÓN. Un análisis realizado por el Instituto de Prensa y Sociedad –Ipys- de Venezuela, denominado “#19A: Operativo desinformación”, da cuenta de la cobertura periodística realizada por algunos medios de radio y televisión a nivel nacional, quienes lejos de brindar información acerca de las marchas, las  protestas y los hechos violentos que dejaron un saldo de tres muertes y centenares de heridos y detenidos, se habrían enfocado en la presentación de magazines matutinos, series, programas de variedades y en replicar las noticias difundidas por Venezolana de  Televisión.

De acuerdo con Ipys, “la desinformación a la carta de los canales privados Venevisión y Televen impidieron al ciudadano conocer lo que ocurría en las calles”. A la falta de noticias se sumó la censura. Los canales internacionales que dieron cobertura a la marcha convocada por la oposición y luego a las manifestaciones, El Tiempo Televisión de Colombia y Todo Noticias de Argentina, fueron sacados del aire.

Desde el 19 de abril hasta ahora han sido, en su mayoría, los medios digitales y algunos impresos quienes se han encargado de difundir los hechos relacionados con las manifestaciones y demás sucesos acontecidos en el país; pero no todos tienen la posibilidad de acceder a ellos.

La situación ha contribuido a que el rumor tome más fuerza y además se trata de una violación del derecho a la información que tiene la ciudadanía. La secretaria general del Colegio de Periodistas -seccional Táchira, Sandra Rondón, indica que en algunos casos los comunicadores ven limitadas sus funciones a causa de que algunas empresas informativas, por temor o compromisos, limitan a su personal, indicándoles qué contenidos publicar.

Comenta que ante la difusión de contenidos falsos es necesario que la población sea precavida y en vez de continuar con la cadena de desinformación, compruebe la veracidad de los datos que reciben.

VÍCTIMAS. Además de la censura, los periodistas se enfrentan a agresiones y amenazas en su contra. Desde el pasado 28 de marzo hasta el 22 de abril, Ipys registró 146 violaciones al ejercicio periodístico, 31 agresiones físicas, 10 robos de bienes y herramientas de trabajo, y 18 hechos de intimidación en perjuicio de los reporteros. Entre ellos resaltan las agresiones cometidas por parte de efectivos de la Guardia Nacional -GNB- contra la periodista Elyangélica González, corresponsal de Caracol Radio en Venezuela.

Y solo durante la marcha del 19 de abril contabilizaron en todo el país 18 casos de violaciones a la libertad de expresión; mientras que 19 trabajadores de los medios fueron afectados por robos, agresiones físicas y ataques.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa –Sntp- indica que 14 periodistas han sido detenidos mientras daban cobertura a las manifestaciones registradas en varios estados del país desde el pasado 31 de marzo. Los comunicadores también habrían sido hostigados, golpeados e intimidados por efectivos de la GNB, el número de reporteros agredidos, hasta el 24 de abril, ascendía a 106.

Rondón indicó que en el caso del Táchira se han visto perjudicados los profesionales de la comunicación de medios públicos y privados. El 19 de abril unos sujetos despojaron a la periodista Katherine Torres de sus pertenencias mientras laboraba; posteriormente los cuerpos de seguridad habrían recuperado los objetos robados. También vulneraron a una estudiante de Comunicación Social cuando cubría los hechos para una estación radial. Además, fueron amenazados a través de las redes sociales los comunicadores Omar Pernía, Antonio Bello, Rosegina Camacho, Douglas Guerrero y Daniel Pabón. En el caso de este último, Ipys denunció que fue amenazado por las autoridades con acciones legales debido al trabajo periodístico realizado durante la cobertura del asesinato de Paola Ramírez.

El llamado de las organizaciones a las autoridades y a la ciudadanía es a respetar la labor periodística. En este sentido, Sandra Rondón manifestó que es necesario que el Gobierno nacional sea garante de la democracia como lo establece la Constitución, y permita que los ciudadanos ejerzan su derecho a la libre expresión y que los comunicadores sociales puedan dar a conocer los hechos que ocurren a nivel nacional, regional y local, porque de esta manera la sociedad podrá mantenerse informada de manera oportuna.

 

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