DLA - Agencia | 3/04/2017 | 2:27 pm
Justicia divina reemplaza la del Estado
Alexander González //alexander.gonzalez@diariodelosandes.com.-

La violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los de menos recursos y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país. El miedo a ser víctima de la violencia ha propiciado el desplazamiento de la población a otras zonas, otras ciudades y otros países, y esto anteriormente era un fenómeno exclusivo de las zonas fronterizas

 

Ante la situación de violencia, criminalidad e impunidad en la cual se encuentra sumergida Venezuela, es válido preguntarse: ¿Qué significa creer en la justicia divina? ¿Será acaso este el único consuelo que le queda a quienes han sido víctimas del crimen?

La justicia divina que se cierne como parte de las creencias religiosas de una población, fue una manera de control social en sociedades primitivas donde el estado social y democrático de derecho no se había constituido ni expandido; en esas sociedades donde el sistema jurídico era representado por una venganza particular o general, cuya ejecución comprometía el resarcimiento de la afrenta a la divinidad. Así, quien robaba al pueblo robaba a Dios y en consecuencia, cortarle la mano era reponer no el bien del pueblo, sino restituir el respeto a Dios.

El miedo a Dios fue una forma de controlar. Pero al mismo tiempo, una esperanza para el desprotegido y el indefenso. Esperanza de protección que luego se cristalizó en un sistema jurídico y social de derecho que le debía brindar protección, seguridad, paz y equilibrio a la población. Y cuando el Estado falla en proporcionarles estas garantías a la población no hay más opción que refugiarse en la religión. Es, en esencia, la esperanza de los caídos.

Cuando no se confía

Diferentes encuestas señalan que la población ha perdido la confianza en los organismos de seguridad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 (Encovi), en su sección sobre seguridad ciudadana, constató que 74% de la población no se siente protegida por la policía o los distintos organismos de “seguridad”.

Por su parte, en la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana aplicada por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la gestión de las policías municipales y estadales fue valorada como negativa por más del 60% de los encuestados, valoración que es más negativa cuando se trata de organismos policiales con funciones especiales como Cicpc, GNB, entre otros.

Las instituciones de justicia tienen una valoración igualmente negativa para el ciudadano. La justicia, en sí, no existe o es inaccesible como ideal. Tribunales civiles o penales para dirimir conflictos entre ciudadanos, tienen una valoración negativa de su gestión que llega a 85%, según la referida encuesta del OVV, razón por la cual las personas – en la gran mayoría de los casos - no denuncian los delitos de los que son víctimas, por ello la desprotección ciudadana se expresa cada vez con mayor frecuencia en linchamientos, como una forma de autodefensa o “justicia real” para el ciudadano.

La justicia Divina

En el encierro social, las percepciones religiosas suplen a las garantías constitucionales y al estado formal de derecho. Es un consuelo que alimenta y equilibra la psiquis afectada de las víctimas de la violencia. Así lo constató en un estudio especial el OVV, analizando las percepciones sociales que los familiares de víctimas de homicidios tenían sobre el contexto y la trama social en la que se desenvuelven.

Los casos estudiados – según el OVV - acuden al consuelo religioso, a la idea que el azar de la injusticia formal no es tal, pues está controlado en el plan de Dios, como una forma de equilibrar la desesperanza social que sufren y la desconfianza en esta justicia. No hay un sentimiento claro de venganza directa para el victimario de sus hijos, ya que la confianza está puesta en el plan de Dios.

Estas percepciones toman base en una construcción generalizada de un sistema de justicia que actúa con altos niveles de ineficiencia, generando niveles de impunidad elevados, en particular para el delito de homicidio. Al mismo tiempo estas percepciones simbolizan el fracaso del Estado venezolano como promotor de la justicia social, pues al final de cuentas, la única esperanza de los familiares de víctimas de homicidio es que la justicia divina llegue a castigar a los culpables.

¿Qué pasó con la evolución?
La evolución social llevó al hombre en sociedad a sustituir el estado natural y la justicia divina por un estado social de justicia y derecho. Pero la inefectividad en materia de seguridad, al menos, vuelve a enterrar al Estado y a la sociedad en las frías cavernas de la incertidumbre, la anarquía y la injusticia. Ahora es oportuno preguntarse: ¿será suficiente Dios para proteger un país donde el Estado es deficiente en garantizar la seguridad, paz y equilibrio social de sus habitantes?

 


Víctimas de la violencia y falta de oportunidades

Mientras los jóvenes en Venezuela son el principal blanco de la violencia, las autoridades del país tienen poca capacidad de respuesta y la impunidad de los crímenes supera el 98%, según el OVV. La tasa de muertes violentas en la nación es de 91.8 por cada 100.000 habitantes. En 2016 ocurrieron 28.479 muertes violentas, 76% de esas personas (21.643) eran jóvenes menores de 35 años.

Las muertes violentas de jóvenes en Venezuela se desglosan así:

  • 11.676 personas tenían entre 21 y 35 años, representando 41% de las víctimas.
  • 9.113 tenían entre 15 y 20 años, en promedio, 27 personas con ese rango de edad murió cada día del año 2016, para un 32%.
  • 854 jóvenes eran menores de 15 años, lo que representa un 3%.

 

Esos datos promedian unas dos muertes de menores de edad cada día, de acuerdo con las estadísticas que maneja el OVV.

Venezuela se ha caracterizado tradicionalmente por ser un país de jóvenes, con una población de 19,2 millones de personas menores de 35 años, de los 31 millones de habitantes que conforman la nación según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Pero este grupo, además de ser el sector más vulnerable a ser víctima de la violencia, también es el más propenso a delinquir y convertirse en victimarios. Según los registros de OVV, 72% de los victimarios tiene menos de 35 años, y casi la mitad de ellos tiene entre 20 y 24 años, es decir, el 32%.

Cuando se analizan los datos por género, se determina que nueve de cada 10 víctimas son hombres, aunque el OVV destaca que está aumentando la proporción de mujeres.


 

Las mujeres, víctimas y victimarias

No solo ha aumentado la presencia de las mujeres como víctimas en el espiral de violencia venezolano, también actúan como victimarias. En 2016, se registraron 171 delitos cometidas por las féminas, representando 12,5% de aumento en relación con el año anterior, donde se reportaron 152 delitos cometidos por ellas, de acuerdo con información registrada por la Organización No Gubernamental Cecodap, ONG de humanos que previene la violencia y promueve el buen trato a la niñez y adolescentes en familias, escuelas y comunidades. La situación económica y social en Venezuela incide en el comportamiento de las jóvenes, que están utilizando la violencia como “único mecanismo de sobrevivencia”. “Las niñas están dejando sus casas presionadas por la crisis o porque los vínculos internos de sus hogares están resquebrajados, exponiéndolas con mayor proporción delinquir”, advertía Fernando Pereira, Coordinador General de Cecodap.

 

Pilares rotos

Al analizar las causas de la violencia generalizada entre los jóvenes venezolanos, el Observatorio Venezolano de la Violencia advierte que de los dos pilares de integración de la juventud con la sociedad: la educación y el trabajo, están rotos, su debilitamiento impide que exista una expectativa de vida, y esperanza por el futuro. OVV estima que una parte importante de la juventud abandona el sistema escolar entre los 11 y los 15 años de edad, 2 de cada 5 jóvenes no asisten regularmente a un centro de educación, en el momento en que se necesitaría un mayor esfuerzo para que permanezcan estudiando, no sólo por los conocimientos y destrezas que adquirirán, sino por la integración social y normativa que les ofrecerá la escuela. La más reciente encuesta de Encovi estima que existen 12 millones 255 mil ciudadanos con edades que oscilan entre los 3 y 24 años. De ellos, nueve millones asisten a algún tipo de centro de enseñanza.

 

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La inseguridad como motor de migración

La inseguridad personal es una de las causas que han motivado la inédita ola migratoria de venezolanos por todo el plantea, al menos 40% tiene la necesidad de mudarse de su localidad, que va desde el barrio (zona popular), ciudad, hasta el país por la exposición a la violencia. Hace una década solo 10% de los venezolanos afirmaba tener algún familiar residenciado de forma permanente fuera del país, de acuerdo Datanálisis. Pero hoy el escenario de desesperanza es incomparable: 77% de los venezolanos entre 18 y 21 años aseguró que se iría de Venezuela si tuviese la oportunidad. También lo haría 67% de las personas de 22 a 35 años, de acuerdo a la firma Datos, que consultó a 2.100 personas ubicadas en ciudades con una población mayor de 50.000 habitantes, entre el 11 al 30 de enero de 2017. El perfil del emigrante venezolano es el de un ciudadano entre 18 y 35 años de edad, profesional, con capital para ampliar sus horizontes. La mayoría de las personas que desean emigrar forman parte de la casi extinta clase media. Es por ello, que suele ser una migración calificada.


 

Liceos son la caja de resonancia de la violencia en el país

El tema no puede ser más vox populi, sin embargo el anonimato priva. Una docente de un liceo valerano narra la situación: “La violencia se va incrementando. Toda la vida hemos tenido peleas de muchachos cerca de las escuelas pero ahora son más agresivos. Sabemos que existen unos chats por Whatsapp donde se convocan las peleas, allí dicen cuál es el punto de encuentro pero van cambiando el nombre de los grupos (de chat) si uno se entera. En algunos casos hasta dicen que lleven palos y cosas para golpearse”. Los estudiantes consultados no niegan ni afirman la existencia de chats o redes por donde se anuncian las peleas, solo dicen que cuando se arma una, las graban “por diversión” y luego son montadas en Facebook o en YouTube. Al hacer una búsqueda en internet los resultados arrojan decenas de videos de estudiantes uniformados que se golpean con furia en medio de una rueda de espectadores que los estimula.

 

En escalada

Las peleas entre estudiantes son parte de un fenómeno que se repite en varias zonas no sólo de la entidad trujillana, sino en el país. En otros casos reseñados por la prensa nacional, se evidencia la presencia de armas blancas o de fuego que hablan de la magnitud del problema. Pero el uso de las manos y el nivel de agresividad son suficientemente letales.

“Cuánta ira, cuánta furia tuvo que haber para que tres muchachas pudieran matar a otra. La fuerza física de un varón puede ser fatal pero estamos hablando de muchachas adolescentes que probablemente tenían una contextura física similar. La carga de violencia tuvo que ser muy fuerte para que esa joven estuviera una semana en cama y nunca pudiera recuperarse”, explica Gladys Delgado, directora del Observatorio Venezolano de Violencia Escolar sobre un caso caraqueño que abordó.

Delgado señala que hay una escalada en el tipo de agresiones porque la impunidad se impuso como norma. “Es insólito que ningún adulto haya intervenido, es increíble que nadie haya notado algo tan escandaloso como una pelea de adolescentes en la calle. Eso es parte de la impunidad porque los mismos adultos le temen a la reacción de los adolescentes y no se atreven a intervenir, prefieren seguir de largo y voltear la cara para no meterse en problemas”.

Los docentes insisten en que las peleas dentro y fuera del ámbito escolar se están tornando incontrolables porque los métodos de disciplina que pueden aplicar son muy limitados. Para los docentes y especialistas las escuelas son las cajas de resonancia de la violencia que vive la sociedad, así lo sostiene Carlos Trapani, coordinador del programa Buen Trato de Cecodap.

 

 

 

LA CIFRA

74%

de la población no se siente protegida por la policía o los distintos organismos de “seguridad”

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