DLA Columnas | 18/10/2016 | 1:00 am
Ley de Presupuesto

Por: *Marcos Guerrero

El Presupuesto de Ingresos y Gasto Público, ahora denominado de Recursos y Egresos por la Ley de Administración Financiera del Sector Público, según el Artículo 313 de la Constitución, debe regir la Administración Financiera y Económica del Estado, y debe ser aprobado anualmente por ley, donde el Ejecutivo Nacional debe presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto, en la oportunidad que señale la ley, y de no presentarlo o de ser rechazado el mismo, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

Más adelante señala el mismo artículo 313, que la Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero “no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan del monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de presupuesto”. De igual modo, el artículo 314 de la Carta Política Fundamental, indica que: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto…”.

Ahora bien, el Ejecutivo Nacional, en ánimo de desconocer la Asamblea Nacional electa hace diez meses por una abrumadora mayoría de venezolanos, en sintonía con el TSJ despoja a la Asamblea Nacional de facultades otorgadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir ambas instituciones asestan un Golpe de Estado a la Asamblea Nacional, cuerpo legislador que viene siendo atacado institucionalmente por el órgano encargado de impartir justicia. Nada bien le hacen a la institucionalidad. La Constitución es totalmente clara, pero como anteriormente no había Asamblea Nacional, sino que había una mayoría que hacía totalmente a ciegas todo lo que pedía el Ejecutivo Nacional, sin control alguno, pues ahora les cuesta regresar al orden institucional.

Indudablemente que lo acontecido con el presupuesto es una muestra clara y contundente de un Golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, hecho éste que debe alertarnos a los venezolanos, por cuanto está totalmente claro que el Gobierno no respeta la Constitución ni respeta el ordenamiento jurídico, es un Gobierno arbitrario, que extralimita su poder, y que queda al descubierto que no tiene respeto ni por la Constitución ni por el Estado de Derecho.

En definitiva, estamos frente a un Gobierno que vulnera y violenta la Constitución con el aval del TSJ, es decir, estamos en presencia de un Gobierno que no tiene contrapesos y que con su accionar está cometiendo delitos, y si el gasto público no viene aprobado vía ley, tal como lo indica el artículo 314 de la Crbv, lamentablemente no podrá efectuarse, y de hacerse estaría incurriéndose en delito que no puede ser acreditado por ningún órgano de control, léase Contraloría General de la República, no obstante tener el visto bueno del TSJ, quienes vienen desmantelando la Constitución aceleradamente, e imponiendo un escenario jurídico diametralmente opuesto al señalado por la misma, demostrando así que el TSJ ni es independiente ni goza de autonomía funcional tal como lo exige el artículo 254 constitucional, y sus jueces tienen responsabilidad personal, “en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por delitos de cohecho y prevaricación…”, tal como lo dice el artículo 255 ejusdem. 

marcosguer100@gmail.com

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