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El rango constitucional otorgado por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a las decisiones que pueda tomar de ahora en
adelante el Contralor General de la República, atenta directamente contra la libertad
del pueblo venezolano, de elegir y
mantener a los gobernantes, según su voluntad popular.
Para el precandidato a la Gobernación del estado
Mérida, William Dávila Barrios, la buena pro otorgada por el TSJ a las peticiones
del Contralor Clodosvaldo Russian, implica
"otro instrumento para perseguir a aquellas personas que no forman parte del Gobierno,
valga decir, gobernadores y alcaldes que sean de la oposición", tendrán "allí
una Contraloría que con rango constitucional va a destituir, poner y quitar" a
los gobernantes de sus cargos.
A esa situación, apunta el ex gobernador, se une el intento por "imponer la Reforma Constitucional"
por la vía de las Leyes Habilitantes, que busca el "desmembramiento de las
provincias" y el sesgo de las autonomías regionales, además de la consolidación
de un Estado "planificador y controlador de la economía".
Entonces, resulta inminente para la oposición, que defina a la inmediatez
las candidaturas unitarias consolidadas, para enfrentar con éxito el "régimen
totalitario que se nos quiere imponer". Basado en ello, Dávila dijo que les
"pide a todos, tal cual como lo ha hecho Teodoro Vielma, que declinen de sus
aspiraciones ".
Asegura que "no hay ninguna encuesta distinta
a la de Keller presentada a nivel de la Mesa Técnica nacional de negociación y resolución
de conflicto (...) y los resultados están allí".
Es apremiante para Dávila Barrios, que los
venezolanos y en este caso, los merideños,
salgan a las calles "en rechazo" a las medidas tomadas por el
Gobierno. "Antes de tener temor, yo hago
un llamado a la lucha, a la movilización".
Pidió a los sectores que todavía en Mérida no
comprenden que "ya llegó el tiempo de superar los intereses grupales y
personales en aras de la unidad de las fuerzas democráticas", a respetar el acuerdo nacional del 23 de enero.
Camino
al Estado totalitario
Hablando de la habilitante, advirtió
sobre la Ley de Ordenación Territorial y el nombramiento
de Vicepresidentes de regiones, que según Dávila, conlleva a la abolición de
los liderazgos "que están surgiendo de las elecciones, que son elegidos por el
pueblo, porque esas Vicepresidencias de Ordenación Territorial, son nombradas directamente desde Miraflores".
Así, el hecho de que las políticas de
viviendas deben ser desarrolladas
totalmente por los consejos comunales, dijo Dávila, "bueno si estos consejos comunales
no son elegidos democráticamente, se puede dar una discriminación", que sólo
beneficiaría a quienes estén con el Gobierno.
Las áreas educativas, de servicios públicos y
del control del transporte, también son mencionadas por el ex gobernador, que
las suma a otro de los presuntos objetivos del Gobierno por la vía de la
habilitante: "una especia de control financiero y económico del sector privado,
en la medida que el Estado prácticamente
va a planificar y controlar la economía, la asignación de los créditos y eso
significa un Estado planificador, centralista totalitario". (MB)
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Mérida 