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Según Rozo se estaría creando un clima de
desconfianza e inseguridad jurídica que desestimula la inversión privada, tanto
nacional como extranjera
El estilo, la forma como se anunció el nuevo
paquete de leyes ha creado conmoción en todos los sectores de la economía,
porque crea un clima de desconfianza e inseguridad jurídica que desestimula la
inversión privada, tanto nacional como extranjera. Todo esto va a generar una
mayor escasez de productos y un consecuente crecimiento de la inflación.
Así lo señaló el presidente de
Fedecámaras-Táchira, José Rozo, respecto a los 26 decretos-ley que extenderían
el control del gobierno sobre la economía, especialmente sobre la producción de
alimentos, el comercio y los servicios en general.
Indicó que incluso la forma de presentar la
compra de un banco, que no es más que una transacción comercial, genera alerta
por el hecho de ir acompañado de un discurso cercano a la expropiación, y esto
tiene un impacto en los proveedores de materia prima del país que podrían
suspender las transacciones comerciales con el empresariado venezolano hasta
que no se aclare el panorama jurídico nacional.
Medidas de este tipo, según Rozo, serían muy
negativas para la producción nacional, que depende en más de un 70% de las
importaciones. "Y la escasez es sinónimo de inflación, por eso el gobierno no
se atreve a decir en cuánto cerrará este año, porque andamos de sobresalto en
sobresalto", apuntó.
Rozo llama a la calma al empresariado y
estudiar el paquete de medidas económicas contenidas en leyes aprobadas por
decreto sin dejarse llevar por las "pasiones partidistas". Reitera que debe primero
estudiarse el impacto de esa nueva normativa que en su opinión sólo busca
generar una matriz de opinión política en un año electoral, antes de tomar
medidas como la venta de empresas.
Aseguró que Fedecámaras-Táchira está dispuesta
a organizar talleres sobre los nuevos textos legales para los empresarios que
lo soliciten.
Descargables
En términos generales, los partidarios del
gobierno aseguran que este paquete de leyes fortalecerá el desarrollo socio-productivo
del país, ampliarán los derechos sociales del colectivo, consolidarán la
soberanía e independencia en áreas estratégicas de la economía y mejorarán las
acciones y la efectividad del Estado. Mientras, los detractores del gobierno
aseguran que es un atropello a la democracia por contener gran número de los
postulados rechazados por la población en la reforma constitucional propuesta
en diciembre del año pasado.
Algunos portales de Internet ya cuentan con
links para descargar las leyes publicadas en las gacetas 5889, 5890, 5891 y
5892, del 31 de julio.
Tres
habilitantes
La Asamblea le ha otorgado al
presidente Chávez tres leyes habilitantes para legislar por decreto: la primera
en 1999, con la que aprobó dos nuevos tributos y una reforma de la ley de
Impuestos Sobre la Renta;
la segunda en el 2001, con la que promulgó 49 leyes; y la tercera, que recibió
el 31 de enero del 2007 y vencía el 31 de julio pasado -18 meses-, y es la más
larga Ley Habilitante en la historia del país.
A
través de la Habilitante
65
leyes en 18 meses
Facultado temporalmente por la más reciente
Ley Habilitante otorgada por la Asamblea Nacional, el presidente Hugo Chávez
promulgó un total de 65 leyes en 18 meses (sólo derogó la de Inteligencia
Policial).
Dentro de los decretos emitidos resaltan los
anuncios de nacionalización de más de 10 empresas -con capitales de diferentes países-
en los sectores petrolero, bancario,
eléctrico, cementero, siderúrgico y de telecomunicaciones.
Destacan las negociaciones de cuatro
procesadoras de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco -mayo de 2007- que
culminaron con la salida de las estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips de
la Faja (Chevron
permanece como socia minoritaria).
También en mayo de 2007 se concreta la
nacionalización de la
Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv,), en manos de
la estadounidense Verizon desde la década de los '90, y de la empresa
Electricidad de Caracas (EDC), perteneciente a la estadounidense AES
Corporation.
En febrero pasado, se firmó un convenio para comprar
a la estadounidense CMS Energy el 88% de la empresa eléctrica local Seneca, y
en abril se ordenó nacionalizar la siderúrgica Ternium Sidor, filial del
consorcio argentino-italiano Ternium-Technic.
El 19 de junio pasado se publicó en Gaceta
Oficial el decreto que establece que Cemex (mexicana), Hocin (suiza) y Lafarge
(francesa) de Venezuela se transforman en empresas del Estado venezolano
"con no menos del 60% de su capital social". Las tres cementeras
controlan el 93% del mercado local.
Finalmente, el jueves pasado se anunció la
compra del Banco de Venezuela, hasta ahora en poder del español Grupo
Santander.
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Táchira 