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Alcaldes, municipios y gestión del riesgo Imprimir E-Mail
escrito por Ángel Rangel   
jueves, 20 de junio de 2013
La intensa actividad política y electoral por la cual hemos pasado los venezolanos en los últimos años pudiera ser calificada por algunos como excesiva, al sentir que no salimos de una elección para entrar en otra; sin embargo, todos los ciudadanos debemos tomar plena conciencia que estos son los momentos para participar, expresar políticamente nuestras preferencias y de comprometer a los candidatos con las propuestas que consideremos deben formar parte de sus ofertas para el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades.

Recientemente hemos pasado por las importantes elecciones para elegir al Presidente de la República y a los gobernadores de estados, pero ahora resulta que el próximo 8 de diciembre tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir quiénes tendrán la responsabilidad de representarnos y ejercer el nivel de gobierno más cercano a todos, el de las alcaldías y concejos, en cada uno de los 335 municipios del país.

La próxima elección es sin duda, la gran oportunidad para imponer de abajo hacia arriba, las políticas públicas y las acciones que al nivel local, estimemos como las más convenientes a nuestras ciudades, comunidades, barrios, urbanizaciones, asentamientos etc., como por ejemplo las vinculadas a la seguridad ciudadana desde el enfoque de la gestión de riesgos y desastres, tal como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 55, 127, 128, 184, 332 y 338, y que se reglamentan en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, así como en las leyes relativas a las Organizaciones de Bomberos y de Protección Civil y Administración de Desastres.

Será entonces el momento de exigirle a las futuras autoridades, el asumir el liderazgo y las responsabilidades que tienen por Ley, y que se comprometan con sus electores a incorporar los criterios de reducción del riesgo en los planes de desarrollo local, por ser el instrumento de planificación y ejecución de la inversión pública más cercana a los actores sociales locales.

Debemos exigir que desde los gobiernos locales se propicien procesos de desarrollo sostenibles a través del uso de instrumentos de planificación (ordenamiento territorial, uso de la tierra, normas de construcción), y de inversión y financiamiento de obras con base en la "variable riesgo", orientando los programas, planes y acciones hacia la reducción de la vulnerabilidad, la construcción de resiliencia, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los organismos públicos de emergencia y la formación de cultura ciudadana en materia de prevención de emergencias y desastres.

 
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