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El Gobernador y directores de Cultura y Educación deben responder a la justicia Imprimir E-Mail
escrito por Desiree Ruiz Sulbarán/DLA Trujillo   
martes, 31 de julio de 2012
El abogado Nelson Troconis Parilli, manifiesta que el Gobernador del Estado y el Director de Cultura y Educación del Estado Trujillo, deben responder ante la justicia venezolana, como consecuencia de algunos hechos derivados de la toma por asalto del Centro de Historia del Estado Trujillo, el pasado 15 de diciembre de 2010, liderizado por un "grupo anárquico" denominado Colectivo Kuikas, que hicieron lo mismo con Ateneo de Valera.

"Estos son desmanes que generan responsabilidades penales por el riesgo de la pérdida o deterioro del valioso acervo histórico-cultural existente, el violento desalojo y cese de funciones de sus legítimas autoridades, junto con el injustificado despido de los trabajadores a espaldas del Decreto de Inamovilidad Laboral, la Fiscalía 2ª del Ministerio Público, con nota de ingreso Nº D21-1882-2011, por presuntos y múltiples delitos de naturaleza penal, como también Recurso de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, de fecha 21/06/2011, en la cual soy el abogado accionante", afirmó Troconis, quien acotó que dentro de estos episodios destaca el despido de los ochos trabajadores que hasta ese entonces laboraban en dicha sede, con una larga hoja de eficiente servicio, quienes acudieron a la Inspectoría del Trabajo, donde se determinó su injustificado despido y se ordenó el reenganche y el pago de salarios caídos. Mandamientos que han sido desconocidos por la parte patronal, tal como constan de sendas Providencias Administrativas (065/1011 y 107/2011) cuyo desacato conlleva a imposición de multas.

El abogado reiteró que ante el incumplimiento de las señaladas Providencias, los trabajadores ejercieron recurso de Amparo Constitucional, ante el Tribunal de Primera Instancia de Trabajo, con sede en la ciudad de Trujillo, quien lo declaró con lugar en fecha 08/07/2012(asunto: TP11-0-2012-000012) ordenando el reenganche inmediato de los trabajadores y el pago de salarios caídos, decisión que igualmente también ha sido desoída. Tal desacato, los hace incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad, penado en la Ley Orgánica de Derechos y Garantías Constitucionales con prisión de 6 a 15 meses (Art. 29-31) y consecuencialmente materializa también ilícitos penalizados en la Ley Anticorrupción y la Ley del Estatuto de la Función Pública (Art.67 y 79 respectivamente).

"Esta actitud abusiva y soberbia, es propia de estilos de gobernanzas totalitarias, que desenmascara el discurso clasista y reivindicatorio del régimen chavista, al ensañarse contra humildes servidores públicos, amparado en la impunidad y una justicia asediada", manifestó Troconis Parilli, quien destacó que estas declaraciones las formula en su condición de trujillano y probado defensor de su patrimonio e identidad cultural y como cofundador del Movimiento Ecológico de Venezuela (Partido del Girasol) que dentro de sus ejes fundamentales está la defensa y respeto a los valores e institucionalidad democrática, la identidad y diversidad cultural.
 
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