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Inconstitucionalidad del efecto suspensivo Imprimir E-Mail
escrito por DLA TRUJILLO   
jueves, 19 de julio de 2012
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el Artículo 7.2 establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

El artículo 44.5 Constitucional instituye que la libertad personal es inviolable, en consecuencia: Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.

El artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal ubicado antes y ahora dentro del procedimiento abreviado, implantaba que en los casos que el delito mereciera pena privativa de libertad menor de 3 años en su límite máximo y el imputado tuviera antecedentes penales, es decir, hubiese sido anteriormente condenado por sentencia firme o cuando la pena fuera mayor de 3 años en su límite máximo y el Fiscal interpusiera durante la audiencia recurso de apelación contra la decisión que acordaba la libertad del imputado, el referido recurso producía efecto suspensivo, es decir, pese a que se hubiera ordenado la libertad, no se ejecutaba.

En base a la norma internacional y constitucional antes citada, considerábamos que tal efecto suspensivo era y es a todas luces inconstitucional, pues el Pacto de San José, claramente refiere que la privación de libertad debe someterse a las condiciones fijadas en este caso por la Constitución Venezolana y leyes constitucionales, y la Constitución, a su vez, garantiza a los ciudadanos que no permanecerán en detención después de ordena su libertad.

Ahora bien, la reciente reforma modifica el contenido del artículo 374 circunscribiendo la suspensión a los casos de delitos de homicidio intencional, violación, sexuales contra niños y adolescentes, secuestro, contra la corrupción, tráfico de drogas, legitimación de capitales, contra la delincuencia organizada, con multiplicidad de víctimas, contra los derechos humanos, lesa humanidad, crímenes de guerra o cuando el delito merezca pena privativa de libertad mayor de 12 años en su límite máximo.

No obstante la gravedad de los delitos antes enunciados, el texto constitucional es bastante claro, dado que no hace distinción de ninguna naturaleza para garantizar la libertad de la persona luego que la misma sea ordenada por el juez, de tal suerte que independientemente de ello, consideramos que el actual efecto suspensivo es igualmente inconstitucional, máxime porque se ordena la libertad por no llenar los extremos del antes artículo 250 ahora 236 del Copp, es decir, porque la acción esté prescrita en aquellos delitos y circunstancias que la misma sea posible, porque no haya elementos de convicción suficientes y capaces de establecer un nexo causal, o por sentencia absolutoria; ya que la presunción legal de peligro de fuga está fijada en 10 años y los tales delitos en su mayoría se ajustan a tal presunción. De tal suerte que si no existen elementos plurales y suficientemente serios que vinculen al imputado con el hecho o la acción para perseguirlo ha prescrito, es inconstitucional e injusto mantenerlo privado de libertad luego que la misma haya sido declarada por el juez competente.

Corresponderá a los jueces en estos casos aplicar el control difuso de la Constitución consagrado en el artículo 334 Constitucional y 19 del Copp, es decir, desaplicar la norma inconstitucional, en este caso, el artículo 374 del Copp y aplicar preferentemente el numeral 5 del artículo 44 Constitucional.

 
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