Los sismos de Haití y Chile ponen sobre el tapete el contexto ineludible de la sociedad del riesgo pero destapan cruelmente la vulnerabilidad social, producto de la acción humana más que de los fenómenos naturales. Después del susto natural que generan las noticias, volvemos a la vida ordinaria sin poner nuestras barbas en remojo.

La mayor parte de la población venezolana se concentra en zonas sísmicas o propensas a deslaves, inundaciones, sequías...Ha habido iniciativas meritorias que lamentablemente no tienen continuidad administrativa y no propician el crear una cultura del riesgo y del comportamiento ante tales fenómenos. Esta indiferencia ante la fragilidad de la vida, aumenta por la inseguridad ciudadana y la violencia que arroja cifras espeluznantes de muertes absurdas.

La miseria extrema tiene una irremediable fuerza de atracción sobre el riesgo extremo. En Haití el sismo dejó un cuarto de millón de muertos, mientras que el de Chile, setecientas veces más fuerte, apenas ha cobrado un millar. Hay, pues, una serie de retos éticos que debemos asumir para no echarles a otros la culpa de la irresponsable imprevisión de muchos gobiernos.

Primero, la igualación globalizadora. Los grandes problemas medioambientales no respetan fronteras. De allí que las desigualdades generan mayores riesgos para todos, siendo los más afectados las sociedades y las personas más débiles. Segundo, la dimensión de futuro. Existe una responsabilidad de las actuales generaciones hacia las futuras. No se deben tomar decisiones que puedan producir efectos irreversibles para los que vienen detrás. Esto es urgente entre nosotros, pues también es catastrófico dar respuestas populistas e inmediatas a situaciones que exigen planificación y proyecto. Un ejemplo claro son las invasiones de tierras urbanas por razones políticas o ideológicas.

La falta de controles reales genera mayores riesgos. El reto fundamental que se plantea es el de la participación pública en la toma de decisiones. Si hasta ahora la reflexión ética se centraba en cómo se distribuían las riquezas, ahora hay que preguntarse cómo se reparten los riesgos e incluso los males y las compensaciones que han de acompañarlos.

La justicia ecológica destaca hoy las vinculaciones entre los problemas ecológicos y la justicia social. Los derechos humanos están vinculados a los derechos medioambientales y a las posibilidades de trabajo y subsistencia. Declarar una zona industrial como apta para viviendas, además de los descalabros laborales puede producir otros problemas sociales. Habrá que mudar las empresas que emanen gases o alteren la tranquilidad y la vida cotidiana de zonas habitadas.

Haití y Chile son dos caras de una realidad que nos interroga a todos. Todo lo que altera profundamente la vida humana debe ser objeto de un análisis serio para no arrepentirnos de tomar medidas circunstanciales que satisfacen necesidades políticas de hoy pero que hipotecan el futuro. Bastante tenemos con las catástrofes naturales para que le sumemos otras, que bien pueden evitarse.