Los obreros declaran que fueron despedidos porque son oposicionistas y es necesario que el peaje, el cual es una empresa socialista, tenga personal de confianza de la revolución

Un 90 por ciento de los trabajadores del peaje que se encuentra en la zona Panamericana, específicamente entre las poblaciones de Santa Elena de Arenales y Tucaní, fueron despedidos de sus trabajos.

Los empleados, de esta empresa socialista, alegan que no justifican el acto de despido, menos cuando existe en la actualidad una medida nacional de inamovilidad laboral.

Hace pocos días, las instalaciones del peaje fueron tomadas por cinco alcaldes de la zona Panamericana, quienes arguyeron que el acto se debía a que esta empresa presentaba desviaciones de fondos, pero nunca se les dijo a los trabajadores de una medida de despido.

Posteriormente, manifiestan los trabajadores, han sido víctimas de atropellos y vejámenes por parte del encargado, un militar de nombre Daniel Torres, quien les manifestó que él no le iba a estar matando el hambre a ningún escuálido.

Según exponen los trabajadores afectados, a ellos se les solicitó que presentaran un aval político emitido por el Psuv, el cual aceptaron. Luego de esto, también les pidieron una constancia que permitiera verificar que hacían trabajos políticos; un aval de las patrullas socialistas; igualmente los obreros fueron despedidos de peaje.

Presunta corrupción

Los manifestantes quieren presentar ante la opinión pública que muchos de ellos han respaldado al Gobierno, pero que esta medida se debe a que los políticos solo quieren tener allí personas de su entera confianza.

En vista de los acontecimientos, miembros de los consejos comunales de la zona se apersonaron al peaje para buscar una solución al conflicto. Según manifestaron algunos voceros, Daniel Torres alega que el despido se debe a una presunción de corrupción de los empleados.

Los empleados despedidos expresan que han sido objeto de acusaciones debido a que en el peaje no hay vehículos de patrullaje o ambulancias, pero señalaron que éstas fueron trasladadas por un alcalde de la Panamericana para repotenciarlas y aún no las han devuelto.

En todo caso, si somos despedidos por corrupción, ¿por qué motivo piden el aval político, o es que un corrupto respaldado políticamente sí puede trabajar?

Incumplimiento

La empresa despidió hace tres meses a un grupo de trabajadores y algunos de ellos se acercaron a las instalaciones del peaje. Los mismos no han recibido sus prestaciones sociales, lo cual ha generado temor en el resto de los trabajadores recientemente despedidos, debido a que muchos de ellos tienen un cuadro de hijos y no saben en qué momento les den lo que les pertenece por derecho laboral.

Los trabajadores despedidos, algunos identificándose como chavistas, quieren hacer saber a la opinión pública que no existen pruebas de ningún acto de corrupción, que esto se debe a una fragante violación del derecho al trabajo y que la Constitución Nacional, en su artículo 234, abriga a chavistas y no chavistas, es decir, a todo lo que se llame venezolano.

Exponen además que en reuniones privadas fueron presionados políticamente por el director del peaje, donde les decía que la inamovilidad laboral sólo era un derecho para los socialistas, que para la oposición no hay nada de eso. Pero ahora el discurso es otro. ¿Queremos que las pruebas sean presentadas?, expresaron.

Los trabajadores se reunieron a última hora con el director del peaje y este les manifestó que los alcaldes, bajo la dirección del gobernador, son los únicos responsables, que él no tenía nada que ver con eso. Serán los alcaldes los que metan a los trabajadores que quieran.

Los empleados se expresan

José Ozuna: "Tengo 12 hijos y 10 años trabajando aquí, poco a poco se fueron haciendo los recortes de personal, y este viernes nos llegó la noticia del despido. Esta empresa es socialista y está a la orden de la Gobernación, es a ellos que tienen que preguntarles sobre qué paso con el dinero, no a nosotros"

Edwin Moreno: "Me informaron que cinco alcaldes iban a tomar el peaje, desde el viernes tienen el control de esto, el portavoz fue el alcalde de Tucaní. Él mismo alegó que lo hacían porque no había vehículos, casualmente él mismo se los llevó y no lo ha traído, pregúntenle a él qué hizo con las patrullas"

Mayerlyn Soto: "El supervisor nos dijo que solo existía inamovilidad laboral para los chavistas, que los de oposición no tienen ese derecho, para ellos no hay nada"

Jorge Castaño: "Personal que están metiendo, en su mayoría no es de aquí, sólo dejaron cinco de los nuestros para que los entrenaran. Nos pidieron avales políticos para poder trabajar, y no dijeron que no les van a matar el hambre a los de la oposición"

Ana Rojas: "Yo trabajaba en la administración, nos trataron de ladrones y fui la primera que despidieron. Pueden investigarme si quieren a ver qué consiguen. Estoy embarazada y el jefe me dijo que eso no era su problema"

Se les voltearon

Los 33 trabajadores despedidos del peaje manifestaron que "de ninguna manera volveremos a respaldar a un gobierno que habla de un socialismo, el cual no practican. No estimaron nuestros derechos ni nuestras necesidades, sino el color del partido. Nos botaron como perros, violentando todo precepto legal, porque ni siquiera nos enviaron un preaviso, ignorando la inamovilidad laboral existente y las condiciones de embarazo de las compañeras. Somos 33 familias con las que este gobierno ya no cuenta para nada".